La Junta aleja a los funcionarios del control de las ayudas millonarias de la Unión Europea a agricultores

El punto de la discordia es la disposición adicional tercera de esta norma, recogida en el pacto que suscribieron el PSOE y Ciudadanos para hacer presidenta a Susana Díaz. Estipula que la plantilla del ente instrumental «podrá realizar» las «actuaciones materiales de comprobación del cumplimiento de los requisitos para la percepción de las ayudas de la Política Agraria Común, incluido el control de la condicionalidad». Hay mucho dinero en juego. La PAC de la anualidad 2017, por ejemplo, ha movilizado 1.272 millones de euros . De la gestión y pago de las ayudas a agricultores y ganaderos andaluces se hace cargo la Administración autonómica.

Según la citada disposición del anteproyecto de ley, que ha recibido 775 aportaciones de distintas organizaciones, el reparto de tareas cumple «lo establecido en la normativa europea sobre la PAC». Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la Administración General de la Junta, piensan todo lo contrario y están decididos a llevar la norma al Tribunal Constitucional si el texto no se modifica antes de que adquiera rango de ley con su visto bueno en la Cámara. Desde la organización que dirige Carlos Ezequiel Sánchez, denuncian que la citada disposición «otorga amparo legal» a que los controles sobre el terreno de los solicitantes de ayudas agrícolas «sean realizados por personal laboral de la Agapa , lo que supone una clara usurpación de potestades públicas, pues el personal laboral no puede ejercer dichas funciones».

En las alegaciones que presentaron al anteproyecto, que no han sido tenidas en cuentas, alertan de que «solo los funcionarios públicos pueden realizar actuaciones o desempeñar funcionas de control, de vigilancia e inspección, al tratarse de funciones netamente administrativas y suponer su ejercicio una participación, directa o indirecta en el ejercicio del poder público». Citan, entre otras, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del 24 de febrero de 2016, que se pronuncia en este sentido.

La externalización de tareas administrativas en manos de agencias, empresas y fundaciones —los sindicatos críticos las catalogaron hace años como la «administración paralela»— acarrea un control más laxo por parte de la Intervención General de la Junta, como quedó de manifiesto en el caso ERE, donde los pagos de ayudas se canalizaron a través de la agencia IDEA.

El SAF iniciará una ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios para frenar la aprobación del texto tal y como ha salido del Consejo de Gobierno. Argumenta que se incumple el artículo 12 de la ley 6/1985. Los funcionarios muestran su contrariedad porque se les quiera excluir y llaman la atención sobre el hecho de que en las Relaciones de Puestos deTrabajo de la Consejería de Agricultura hay funcionarios del cuerpo A», de ingeniería agrónoma, veterinaria y de ingeniería técnica agrícola, que tienen unos conocimientos especializados, tal y como estipula la ley estatal.

No es un asunto menor. Entre sus tareas está hacer controles de campo y emitir actas que pueden dar lugar a la aplicación de sanciones administrativas como la retirada de ayudas. También validarán si la explotación agrícola o ganadera cumple los requisitos para recibir la ayuda solicitada. Desde el sindicato avisan de que la agencia absorbió el personal procedente de la extinta Dapsa , lo que significa que «personal de la denominada administración paralela», proveniente de una empresa pública, ejercería potestades reservadas a los funcionarios, lo que entra en contradicción con jurisprudencia del Tribunal Supremo y el TSJA. Todo ello con el propósito de «justificar su mantenimiento dentro de la agencia», afirman.

En caso de aprobarse la mencionada disposición, «incurriría en una causa de inconstitucionalidad» porque todos los actos o resoluciones administrativas dictadas al amparo de ella, pueden ser declaradas nulas de pleno derecho. Desde SAF van incluso más lejos y afirma que el desempeño ilegítimo de funciones públicas «puede suponer comisión de delitos de usurpación de funciones públicas , prevaricación y malversación de fondos públicos. De hecho, ya hay una instrucción penal abierta por la asignación tareas de control de cursos de formación profesional para la economía social en personal no funcionario.