La Junta tendrá que pagar 34.000 euros al exconsejero Ojeda, imputado por los cursos de formación

Así se recoge en dos sentencias distintas de la sección primera de la sala contencioso administrativa del TSJA , a las que ha tenido acceso Efe y que se refieren a la demanda interpuesta por la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, dirigida por el exconsejero.

En una de ellas, el TSJA asegura que «no hay razón jurídica» para no abonar la ayuda que solicita Ojeda, que está acusado en la macrocausa de los cursos de formación y fue detenido por la Policía en agosto de 2014, «una vez que han transcurrido los plazos previstos» y la empresa ha justificado el gasto .

El TSJA reprocha a la Junta que activara el expediente por uno de los cursos y requiriera un informe cuando tuvo conocimiento de la reclamación judicial de Ojeda, que el próximo lunes 11 de abril declara en la comisión de investigación de los cursos creada en el Parlamento de Andalucía.

«Lo que no es de recibo -añade la sentencia- es que se incumpla el plazo de resolución al que está obligada la Administración (tres meses desde la reclamación), amparándose en la facultad de comprobación previa a la liquidación para no pagar pese a estar obligada por la Orden Reguladora y Resolución de Concesión al pago y liquidación cuando se justifique al menos el 25 %».

En otra de las sentencias favorables a Ojeda se condena a la Junta a pagar 25.690 euros por tres cursos realizados y no pagados, y respecto a los cuales la Administración se limitó a denegar el dinero «por silencio».

Los cursos impartidos por Humanitas son fraudulentos, según la Policía, aunque Ojeda sostiene « con pruebas irrefutables que no existe irregularidad ni administrativa» , según ha resaltado su abogado, Juan Carlos Alférez.

En ambas sentencias, se condena a la Junta a pagar las costas del proceso, con un máximo de 600 euros por cada una de los dos que emprendió el exconsejero, y en uno de los fallos judiciales se explica que es debido a la «complejidad y alcance del asunto planteado».

Un juzgado de Cádiz investiga si el inspector jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que elaboró el informe que motivó la detención del ex consejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda cometió supuestamente un delito de falsedad documental al elaborar este atestado.

El inspector de la UDEF había sido citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) por esta presunta falsedad documental, denunciada ante el juzgado por Ángel Ojeda, el próximo lunes, aunque la diligencia ha sido finalmente pospuesta ya que el exconsejero ha ampliado su querella contra él para acusarle también de detención ilegal y prevaricación, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

En su querella inicial, interpuesta en abril de 2014, Ojeda acusa al inspector jefe de la UDEF de haber falseado datos en los informes que entregó al juzgado y en los que afirmó que la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, dirigida por el exconsejero, percibió entre el 2009 y 2013 subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo de 8,3 millones de euros, de los que obtuvo unos beneficios de 3,7 millones de euros.

La querella relata que estos beneficios son «más de 2.000 veces el beneficio real declarado por la entidad a Hacienda», que fueron de 1.980 euros.