La Junta pone coto al negocio creciente de las parcelas ilegales en Andalucía

« El Gobierno andaluz demuestra su interés por luchar contra la proliferación de este tipo de construcciones , que no sólo atentan contra la normativa urbanística sino que tiene graves consecuencias medioambientales para el territorio», indica la consejera Marifrán Carazo. «De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones ilegales como hacían los anteriores gobiernos socialistas. No lo vamos a permitir», añade la titular de Fomento.

Para el control de este tipo de edificaciones, Fomento ha impulsado la figura de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo a lo largo de toda Andalucía. En primer lugar, ha seguido la pista de las denuncias pero también actuando de oficio mediante un rastreo de nuevas construcciones que se detectan gracias a la tecnología de mapeo digital disponible .

Cuando se detecta alguna obra ilegal en suelo no urbanizable, la Junta procede a su paralización , señalan desde Fomento. Así, y en aplicación de la ley vigente, se recurre a «las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, del precinto de construcciones irregulares en construcción , del corte de suministros ilegales y la de la imposición de multas coercitivas», indican desde la Junta.

De esta forma Fomento precintó hasta 65 edificaciones en parcelaciones ilegales el año pasado, «impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable ». Este es un fenómeno muy extendido, señalan desde la consejería que dirige Carazo, para la construcción de viviendas ilegales. En los últimos años, estas parcelaciones ilegales «se desencadenan a un ritmo vertiginoso, mediante la autoconstrucción o la instalación de casas prefabricadas en el terreno».

La estrategia suele ser la misma siempre: un «operador» divide un terreno no urbanizable, en muchas ocasiones campos de cultivos cercanos a zonas de alta demanda como son el litoral de Cádiz y, en menor medida, la provincia de Sevilla.

Este proceso se ha acelerado enormemente tras la crisis de 2008 y gracias a los anuncios por Internet , que hacen más rápida la venta del suelo al cliente final y a la popularización de las casas prefabricadas, que facilitan la instalación de los nuevos dueños en el terreno ilegal.

Según Fomento este tipo de construcciones se dan sobre todo en El Palmar de Vejer de la Frontera -donde se presenta «una dinámica vertiginosa de parcelación y edificación irregular en tiempo y número cercano a las 500 hectáreas» -, en Zahora, Barbate o Conil de la Frontera así como en El Zabal Bajo de La Línea de la Concepción, Jerez o Arcos en la provincia de Cádiz. En Sevilla es un fenómeno que se da en Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra.

Además de precintos a obras en estas parcelas ilegales, la Junta ha impuesto más de 4 millones de euros de multas por construcciones irregulares. Debido al control y a la amenaza de las sanciones, en los últimos meses «se han comunicado demoliciones voluntarias prácticamente a lo largo de todo el territorio andaluz , constando la autodemolición de edificaciones ilegales construidas en Oria (Almería), El Palmar (Cádiz), Alcolea del Río (Sevilla), Ibros (Jaén), Iznájar (Córdoba) o Algatocín (Málaga)», explican.