La Junta puso cuatro millones en multas por vender suelo no urbanizable en Andalucía para construir

Así, «el Gobierno andaluz demuestra su interés por luchar contra la proliferación de este tipo de construcciones, que no sólo atentan contra la normativa urbanística sino que tiene graves consecuencias medioambientales para el territorio», indican desde la Consejería de Fomento. «De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones ilegales como hacían los anteriores gobiernos socialistas. No lo vamos a permitir», ha incidido la consejera.

Marifran Carazo ha destacado que este incremento de la actuación inspectora se ha producido « gracias a la labor de reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector».

Según señalan desde la Junta, el incremento que se ha producido en tareas de inspección « se ha producido no sólo a raíz de las denuncias recibidas , sino en base a una programación previa de las actuaciones a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante el detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible».

Además, y «para garantizar la eficacia de las actuaciones disciplinarias» se están poniendo en marcha las herramientas que permiten « parar las actuaciones ilegales en suelo no urbanizable, en especial de las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, del precinto de construcciones irregulares en construcción, del corte de suministros ilegales y la de la imposición de multas coercitivas».

Así, en 2020 la Junta « precintó 65 edificaciones en el seno de parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable», indican desde la Consejería de Fomento, lo que «contrasta con el hecho de que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto». En esta labor para frenar los procesos parcelarios «está siendo clave la coordinación con los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como con la Fiscalía dado que, en los últimos años estas parcelaciones ilegales se desencadenan a un ritmo vertiginoso, mediante la autoconstrucción o la instalación de casas prefabricadas en el terreno», añaden fuentes de la Junta.

Junto a estos precintos, destacan las resoluciones de contenido económico contra los parceladores que, con ánimo de lucrarse y a sabiendas de su ilegalidad, venden cuotas de suelo no urbanizable . En 2020 se abrieron 75 expedientes sancionadores por importe superior a cuatro millones de euros. Ese dato triplica los 25 expedientes iniciados en 2018. Es de destacar igualmente la apertura de hasta 16 procedimientos sancionadores por haber publicitado en Internet la ejecución de estas obras, una de las novedades que incluía el decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, o los 48 procedimientos de protección de la legalidad urbanística en suelo no urbanizable.

Las medidas adoptadas por la Junta y las multas impuestas a quienes no restauran voluntariamente la legalidad es tal que en los últimos meses se han comunicado demoliciones voluntarias prácticamente a lo largo de todo el territorio andaluz, constando la autodemolición de edificaciones ilegales construidas en Oria (Almería), El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz), Alcolea del Río (Sevilla), Ibros (Jaén), Iznájar (Córdoba) o Algatocín (Málaga).

Por otro lado, la ocupación ilegal del suelo que más preocupa a la Inspección se da en el litoral gaditano y en la periferia de grandes ciudades de Cádiz y Sevilla . En el caso del litoral gaditano, el ejemplo más preocupante es el del Palmar, de Vejer de la Frontera, donde la alta concentración de personas en los meses estivales, la obstaculización de los viales y la ausencia de controles de legalidad en el acceso a los suministros (fosas sépticas ilegales, captaciones ilegales de agua y energía eléctrica ) implican un creciente riesgo para la seguridad y salud de los usuarios.