La Junta debe 197 millones de euros a las empresas de formación

Una cantidad que corresponde al 25% del total de las subvenciones concedidas para organizar estos cursos y que no se entregan a las beneficiarias hasta que todo no está debidamente justificado y verificado. Hay que tener en cuenta que el último de los cursos se impartió en el año 2011, por lo que el retraso es, como mínimo, de cinco años aunque hay cursos que se impartieron en el año 2002.

Se trata, pues, de un dinero que las empresas de la formación ya se han gastado en la organización de los cursos pero que no han cobrado de la administración. Se desconoce cuánto de este dinero debe llegar de manera legítima a las empresas que han hecho esta formación y cuánto no debe salir de las arcas de la Junta porque están afectados por el presunto fraude.

A esta cantidad millonaria hay que añadir otras igualmente escandalosas. La administración reclama en firme el reintegro de 90 millones de euros a los que hay que sumar otros 51 millones que están en proceso de revisión. Es decir, que podrían tener que ser reclamados o no, están en fase de alegaciones.

Estos fondos son la otra cara de la moneda con respecto a los que la Junta adeuda a las empresas privadas. Porque son 141 millones de euros que se han entregado indebidamente a particulares (por irregularidades, conceptos cargados indebidamente o fraude) y cuya devolución se reclama. Pero hay varios problemas que las diputadas del PP, Teresa Ruiz-Sillero; y Ciudadanos, Marta Bosquet , han puesto de manifiesto durante las comparecencias en la comisión de investigación. Una gran parte de estas empresas están en paradero desconocido, otras se han declarado insolventes y otras desaparecieron a los pocos días de recibir la subvención, por lo que dichas cantidades son dificilmente cobrables por más que la administración haya iniciado los trámites.

A esto hay que añadir que otras empresas de formación, como ha ocurrido por ejemplo con el entramado del exconsejero Ángel Ojeda , han recurrido ante los tribunales estas reclamaciones y, en algunos casos, hasta las han ganado. ¿Esto significa que se ha perdido todo este dinero público? No por el momento, aunque no se sabe cuánto se podrá devolver a las arcas públicas.

Porque hasta la fecha, la Junta sólo ha podido recuperar tres millones de euros de los más de 3.100 que se destinaron a los cursos de formación durante esos nueve años (2002 a 2011).

Un tercer aspecto destacable del galimatías económico en el que se han convertido los cursos de formación es el dinero que Andalucía ha dejado de recibir por parte del Gobierno central y que ha levantado las iras de todos los grupos de la oposición.

El Estado ha dejado de transferir 600 millones de euros a Andalucía entre 2011 y 2016 ya que estas cantidades estaban destinadas a la formación profesional para el empleo destinada tanto a los parados como a la recualificación de los trabajadores. Pero como la Junta no ha ofertado ni un solo curso de estas características en esos años, el dinero no ha llegado.

El PP ha denunciado que es una responsabilidad política muy grave de Susana Díaz mientras que desde Podemos han resaltado que se trata de un dinero que se detrae de las nóminas de los trabajadores y de la parte que aportan las empresas a la Seguridad Social, por lo tanto están coartando un derecho de los trabajadores que ellos mismos sufragan.

En este escenario, la presidenta Susana Díaz se ha comprometido a sacar una nueva convocatoria de cursos de formación que saldrá la próxima semana a través de una orden mucho más estricta. A partir del martes se conocerán todos los detalles.