La Junta califica de «atraco» el reparto de los fondos del Estado contra el virus

La comisión interterritorial de Salud, conformada por el ministro de Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo, acordaron que el reparto de estos fondos se haría siguiendo criterios de población para el 80% de los fondos, distribuyendo el 20% restante entre las comunidades que están sufriendo una mayor incidencia de la enfermedad.

Sin embargo, el Gobierno andaluz acusó ayer a la ministra María Jesús Montero de cambiar las reglas «a mitad de partido» ya que los fondos se reparten primando a las comunidades que han tenido una mayor incidencia de la Covid-19 , entre otros criterios.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, considera que se trata de una maniobra política que va más allá de objetivos presupuestarios, «un rédito que va más allá de lo presupuestario. Mucha intención en el reparto y poca justicia». Desde el Ministerio de Hacienda niegan que se hayan cambiado los criterios de reparto y alegan que son los mismos que se pactaron desde el principio para favorecer a las comunidades que han tenido más gasto por sufrir más la pandemia.

Pero el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, también consejero de la Presidencia, no se andaba con medias tintas. «Es un atraco más a Andalucía. Los Gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz siempre pedían que los repartos económicos se hiciesen con el criterio de población. Nosotros entendemos que hay comunidades que están más afectadas, por eso se pactó un elemento corrector pero la ministra Montero se salta esas normas, aplica otras de reparto que pueden suponer que Andalucía pierda más de 500 millones de euros que el reparto original. Es otro atraco más». Todavía no está cerrada la cuantía definitiva que se transferirá a las comunidades, el primer plazo en julio y el segundo a finales de año, hasta que no se publique el real decreto.

La Junta de Andalucía suma estos 500 millones de euros a otras cantidades por las que pugna con el Ministerio de Hacienda. Así, reclama 537 millones de euros correspondientes al mes trece del IVA de 2018, una cantidad que quedó pendientes para todas las comunidades autónomas y que no reconoce el Ministerio de Hacienda ya que no se aprobó el Presupuesto. A esta cantidad hay que sumar los 435 millones de euros de políticas activas de empleo, de los que el ministerio ha retirado 201 millones para pagar las prestaciones por los ERTE. Y el último agravio que contabiliza la Junta hace referencia a las entregas a cuenta con cargo al modelo de financiación. En este caso asciende a 800 millones de euros.

A pesar de las urgencias sanitarias, ambas administraciones también tienen abierto otro frente. El que tiene como escenario el Tribunal Constitucional. Al recurso por varios artículos del decreto de regularización de las viviendas irregulares se suma el de los dos artículos de súperdecreto. Además, el Gobierno central ha recurrido el artículo 13.4 de la Ley de Presupuestos 2020 que hace referencia a la tasa de reposición del personal laboral y a los beneficios sociales que estos perciben. En estos casos, el Gobierno andaluz ya ha dado el primer paso para negociar en la comisión bilateral entre ambas administraciones.

El Gobierno central aprobó ayer permitir la reactivación de la obra pública, siempre y cuando los trámites se hagan de manera telemática. Era una de las demandas del Gobierno andaluz que ayer anunció varias medidas en este sentido.

En primer lugar, se van a licitar 357 contratos de infraestructuras hidráulicas para 2020 con los que se van a movilizar 577 millones y se prevé crear en torno a 8.500 empleos directos en la comunidad. La mayor parte de las actuaciones están destinadas a la depuración de las aguas residuales urbanas de interés de la comunidad autónoma que se financian con fondos europeos.

Además, van a continuar con los trámites de licitación de proyectos de la Consejería de Fomento que ascienden a 213 millones de euros para el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla; el acceso al PTA en Málaga; el estudio para ampliar el metro de Granada; o el tranvía de la Bahía de Cádiz. Finalmente, se va a poner en marcha un plan de construcción de 420 viviendas a precios asequibles en suelo público y por promotores privados, con una inversión estimada de 41,3 millones.