La Junta aprueba un decreto para legalizar la mayor parte de las 327.583 viviendas irregulares
El Consejo de Gobierno pretende acabar con estas construcciones que llevan años en el limbo y sin acceder a servicios públicos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c) acompañado de las consejeras de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán CarazoEP
Andalucía cuenta, al menos, con 327.583 viviendas irregulares que llevan años en un limbo jurídico , con dificultades de acceso a los servicios públicos y, a la contra, sin pagar los mismo impuestos que el resto de edificaciones en la comunidad autónoma.
El ... Gobierno andaluz ha aprobado este martes, en su reunión semanal, un decreto que busca poner fin al caos jurídico y administrativo con una norma basada en la protección ambiental y en la simplificación de los trámites. Así lo ha explicado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo , que lleva desde que accedió a su cargo trabajando en un decreto para resolver este problema.
El objetivo es regularizar el mayor número posible de viviendas, siempre y cuando cumplan unos determinados requisitos legales y estén construídas en zonas que no entrañen riesgos para sus habitantes.
Carazo ha explicado que su objetivo es resolver la mayor parte de los casos y para ello ha tenido reuniones con los propietarios afectados. «No se trata de una amnistía ni mucho menos sino de integrar normativamente a estas personas en sus territorios y dar respuesta a los propietarios». La consejera de Fomento ha explicado también que se va a reforzar la inspección y las sanciones tratando de compatibilizar la protección ambiental y la simplificación administrativa.
El decreto ley aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes pretende tanto la protección del Medio Ambiente, explotado por estas construcciones ilegales sin garantías mínimas, y también la simplificación de los procesos para convertir en legal asentamientos que llevan años construídos y donde viven muchos andaluces.
No obstante, no podrán legalizarse las viviendas que tengan menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los tribunales, ni tampoco las que se asienten sobre suelos de especial protección.
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