La Junta de Andalucía tiene dinero para vivienda… pero no es capaz de gastarlo

No se trata de un problema de falta de inversión pública sino de gestión de la administración competente. «La mayor parte de la política en materia de vivienda en Andalucía se ha hecho con financiación del Estado», recuerda la diputada del PP Alicia Martínez. La referencia es el convenio firmado por la Junta de Andalucía y el Estado en 2014 para fomento de alquiler, rehabilitación y regeneración urbana, con un compromiso de financiación estatal de 138 millones y la obligación de la Junta a aportar otros 41 millones y tramitar las solicitudes. A septiembre de 2017, el importe ejecutado de los tres planes en Andalucía entre los años 2014 y 2016 no alcanza el 63 por ciento .

Este convenio se prorrogó el pasado 25 de julio asegurando una inversión estatal para 2017 de algo más de 59 millones de euros, de los que 15 se destinarán a ayuda al alquiler de viviendas, 14,2 al fomento del p arque público de vivienda de alquiler , 20 millones a fomento de la rehabilitación edificatoria y 9,7 a regeneración y renovación urbana, la única partida en la que habrá un implemento de financiación por parte de la Junta de Andalucía de 17 millones de euros.

Pero ese esfuerzo inversor no se traduce en una mejor gestión de las ayudas que solicitan los andaluces. Las protestas del Defensor del Pueblo por el retraso en el pago de ayudas al alquiler social son un clásico. Hace un par de semanas Jesús Maeztu instaba a la Consejería de Fomento a abonar las ayudas que desde hace más de un año esperan las 13.800 familias con derecho a las mismas, y a las que no responde la administración autonómica «a pesar de la situación económica precaria y de especial vulnerabilidad» de estas familias. Maeztu lamenta que ni siquiera la Junta sea capaz de dar una «fecha creíble» para el pago de las ayudas. La propia Consejería confirmaba este extremo al contestar al Defensor del Pueblo el pasado 17 de octubre a través de un comunicado en el que prometía iniciar «próximamente» el pago de las primeras ayudas al alquiler de 2016.

Similar petición hizo el Defensor en diciembre de 2016 cuando más de cuatro mil familias seguían a la espera de las ayudas anuales.

Para 2017 la Consejería tramita desde agosto unas 30.000 solicitudes, de las que se han seleccionado 13.798 como beneficiarias. La Junta cuenta con 15 millones en ayudas del Estado, una cifra que espera implementar con aportación propia de 1,3 millones para ampliar al 80 por ciento el gasto de alquiler a familias más vulnerables. «El hecho de concurrir dos fuentes financieras» es, según la Junta, una dificultad añadida para gestionarlas.

Desde la Consejería se admite el retraso pero vincula el mismo no a su gestión sino a los requisitos que el Estado exige para la concesión de esas ayudas. De hecho ha solicitado al Ministerio que elimine el modelo de concurrencia competitiva de estas ayudas, que obliga a dar prioridad a aquellas que más puntuación obtenga. La Junta alega que la gran complejidad de las valoraciones y el alto volumen de demandantes dilata el proceso. La Consejería de Fomento pide que se admita la concurrencia no competitiva y se concedan las subvenciones por trienios.

Similares retrasos tienen las ayudas a rehabilitación, de la que dependen programas como el de instalación de ascensores en comunidades con escasez de recursos. En Andalucía, el 7,5 por ciento de las viviendas principales de cuatro o más plantas carece de ascensor. Todavía hay solicitudes pendientes de las anualidades de 2015 y 2008 —el plan se paralizó en 2012 —,a pesar de que las comunidades depositaron su parte en el banco y que han tenido que volver a tramitar la solicitud. Según los datos aportados por Alicia Martínez en la comisión de Vivienda del Parlamento, de las 2.214 solicitudes de comunidades tramitadas en los años 2015 y 2016 tan solo se habían resuelto en septiembre 349, un 15 por ciento. La Junta habría certificado en esos dos años ayudas por valor de 11,5 millones cuando tenía a su disposición 44 millones.

No es menos llamativo el retraso en la ejecución del programa de regeneración de barriadas, un plan con financiación estatal autonómica y local cuyo grado de ejecución en Andalucía deja mucho que desear. Según la evaluación del programa realizada hace un año, de las 33 barriadas señaladas como áreas de renovación desde 2014 sólo dos, Casco Norte del Centro Histórico de Sevilla y Polígono Almenjayar de Granada, superaban un grado de ejecución del 50 por ciento.