La Junta de Andalucía podrá exigir los honorarios a las defensas de los ERE

En la instrucción de esta causa se vieron implicados hasta 52 ex altos cargos. Sólo 22 se sentaron en el banquillo de los acusados . Tanto los miembros de los distintos gobiernos autonómicos como del Consejo Rector del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posterior agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Todos tenían derechos a que tanto la Junta como el ente público asumiera el coste de los honorarios de sus abogados. En el caso de IDEA , por ejemplo, una treintena de abogados ya han cobrado, menos de los esperado, gracias a la póliza de seguro de responsabilidad civil del ente público. En el caso de los miembros del Ejecutivo andaluz o altos funcionarios, la Junta tendrá que asumir esos honorarios, muy alto en algunos casos. De este grupo, pocos han cobrado.

El panorama cambia toda vez que se ha producido un fallo condenatorio por malversación y prevaricación, dos delitos dolosos (con intencionalidad) por los acusados en el ejercicio de sus funciones públicas. Aunque habrá que esperar a la firmeza de la sentencia por parte del Tribunal Supremo , donde todo apunta que llegará el caso, la Junta tendría la posibilidad de reclamar a los condenados el dinero entregado ya a sus defensas. En el caso de los absueltos no cabe esta posibilidad. Otro escenario es el de los condenados por prevaricación y no por malversación, pues en estos casos no hay menoscabo de fondos públicos . Así están los tres ex secretarios generales técnicos de Empleo, Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, y el ex director general de Idea Jacinto Cañete, condenados a inhabilitación.

Por esta vía, al menos, la Administración autonómica podría recuperar parte del dinero que el caso de los ERE ha supuesto para las arcas públicas de la comunidad.

Las noticias en torno a la sentencia de los ERE no cesan. Este viernes se conocía que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo jueves a las diez de la mañana la vista solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en la que podrán solicitar medidas cautelares, que van desde la prisión sin fianza hasta la retirada del pasaporte, para cuatro de los condenados: José Antonio Viera, Antonio Fernández , Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez , la plana mayor en materia de empleo en los distintos gobiernos socialistas en la Junta durante la década juzgada y condenada.

Tras la vista, que será cerrada al público y a los medios, el mismo tribunal que juzgó a los políticos andaluces deberá decidir sobre la situación de los cuatro condenados a más de siete años de cárcel.

Asimismo, el tribunal dictó ayer una segunda providencia en la que, a petición de las partes, amplía de 5 a 40 días hábiles el plazo para preparar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dada la complejidad y la extensión de la sentencia, con 1.821 páginas.