La Junta de Andalucía no sabe cuánto le queda por pagar en prejubilaciones de los ERE

El periodista que firma esta noticia cursó una solicitud de información pública a través del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía para conocer la cuantía total de fondos públicos pendientes de abonarles a las compañías que tienen asegurados a los extrabajadores hasta el fin de la vigencia de las pólizas; el importe pagado y desglosado por años desde 2012; el dinero gastado en intereses de demora, así como el montante de las comisiones externas desembolsadas por la Junta desde dicho ejercicio hasta su finalización.

En una resolución del 11 de febrero pasado, el entonces director general adscrito a la Consejería de Empleo «inadmite» la solicitud de información argumentando que no tiene a su disposición estos datos y que carece de «los medios técnicos razonables que sean necesarios para extraer y explotar la información».

«La elaboración de la información solicitada requiere acudir a los expedientes físicos, en papel, lo que supone una evidente labor de reelaboración previa a nivel técnico, informático y humano , para posteriormente, una vez identificados los expedientes, recabar la información de distintos centros directivos y de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía», dado que la Administración está personada en varios procedimientos contencioso-administrativos, señala el que fuera alto cargo de la Consejería de Empleo, que fue revelado del cargo el 12 de febrero, un día después de la fecha de la citada resolución.

Apelando al artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Empleo no facilita ninguno de los ocho datos que reclamaba ABC en su solicitud. «Requeriría tratar la información recabada, dedicándose medios personales y técnicos adecuados para ello que actualmente están destinados a otras funciones y que paralizarían el ejercicio de éstas », se justifica González Márquez.

En enero de 2011, la juez Mercedes Alaya abrió la investigación de caso ERE tras descubrir que había personas ajenas a las empresas (intrusos) en la lista de trabajadores beneficiados de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía.

Tras salir a la luz los primeros intrusos y el desembolso de comisiones muy por encima del mercado a intermediarios que tramitaban las ayudas, el Gobierno de José Antonio Griñán cerró temporalmente el grifo de los pagos a las aseguradoras. Los prejubilados salieron a la calle para protestar por los impagos. La aseguradora Generali, que daba cobertura a 1.800 de ellos, culpó al Gobierno andaluz de la suspensión del pago de los seguros subvencionados,

Para poder seguir pagando las pólizas, el Gobierno aprobó el decreto-ley de 16 de octubre de 2012, por el que «legalizaba» las a yudas ya comprometidas a prejubilados de unas 60 empresas que en la última década, que se habían concedido sin procedimiento ni publicidad, con cargo al programa presupuestario 31L o «fondo de reptiles». La norma, que fue convalidada en el Parlamento con los votos a favor del PSOE e IU, estableció una nueva regulación del procedimiento, la novación y refinanciación de las pólizas que recibían unos 5.700 extrabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en distintas sociedades.

Nueve años despues, este «compromiso» político alcanzado por anteriores gobiernos sigue acarreando un gasto millonario que sale de las cuentas autonómicas. ABC pidió conocer el montante destinado desde 2012 hasta la actualidad a costear las prejubilaciones, así como el importe pendiente de pago, a través de una solicitud de información pública registrada el pasado 14 de noviembre atendiendo a su indudable interés que este asunto para los lectores.

Esta solicitud ha sido rechazada. Aparte de los motivos ya expuestos, el director general de Relaciones Laborales esgrime que existen procedimientos de reintegro de ayudas en vía ejecutiva, lo que obligaría a recabar información ante la Agencia Tributaria de Andalucía y estatal .

Además, «existen procedimientos que se encuentran en distintas fases y estados de tramitación, frente a las aseguradoras por las comisiones y los gastos de adquisición y frente a los beneficiarios asegurados por su exclusión de la novación o por diferencias económicas », señala el alto cargo. Algunos de ellos han desembocado en pleitos en la vía contencioso-administrativa, lo que obligaría a solicitar un informe al Gabinete Jurídico autonómico.

Entre los argumentos que ofrece para denegar el acceso a esta información están que «cada uno de los organismos implicados» utilizan bases de datos distintas y «los criterios de búsqueda son muy limitados».

La realidad es que esta política basada en la consecución de «la paz social» a costa del dinero público sigue hipotecando las arcas autonómicas. Paradigmático es el caso del ERE de Delphi , uno de los más cuantiosos. Más de doce años después de que esta multinacional echara el cierre a su fábrica de componentes para automóviles asentada en Puerto Real, el anterior Gobierno andaluz tuvo que ampliar en 31,76 millones de euros el presupuesto destinado a refinanciar las primas de las pólizas de seguro de los trabajadores de esta factoría.

El pasado 6 de noviembre, un mes antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PSOE del poder, el Ejecutivo aprobó dos modificaciones presupuestarias para liberar fondos por el citado importe con los que cubrir las ayudas sociolaborales.

Tras estallar el escándalo de los ERE, el Gobierno andaluz puso punto y final a esta política de apoyo a extrabajadores y con el pago de comisiones alegando que « económicamente ya no es viable y socialmente no es sostenible ». Se acabó prejubilarse a costa del presupuesto de la Junta, pero los andaluces sigue pagando la factura.