La Junta de Andalucía frena la negociación de las cuentas de 2019 mirando a las urnas

Pero el Ejecutivo regional se ha ido de vacaciones y no ha fijado fecha para las reuniones que, en los tres últimos años, ha celebrado con Ciudadanos para negociar el apoyo de los ocho diputados de la formación naranja a la ley más importante de cuantas aprueba el Ejecutivo a lo largo del año.

El argumento esgrimido para este freno por el consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha sido la no aprobación del objetivo de déficit por el Congreso de los Diputados, por lo que ha emplazado a Ciudadanos a sentarse a negociar cuando se sepa exactamente cuánto dinero más se va a poder gastar, lo que no sucederá hasta finales de septiembre como muy pronto.

Esta explicación resulta, cuanto menos, curiosa ya que se trata de unos 350 millones de euros más de capacidad de endeudamiento en un presupuesto que cuenta con un montante cercano a los 35.000 millones de euros.

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios —el principal enlace de comunicación entre el Gobierno andaluz y Ciudadanos—, eludió contestar a la pregunta formulada por Juan Marín, el líder de Ciudadanos, sobre estas negociaciones en la conversación que ambos mantuvieron el pasado miércoles. Una prueba más de la falta de voluntad política del Ejecutivo andaluz.

Y eso que Ciudadanos insiste en que está dispuesto a sentarse a negociar las cuentas con el Gobierno andaluz como ha venido haciendo, con éxito, los últimos tres años. Juan Marín aseguraba ayer que su partido sigue defendiendo la estabilidad política en Andalucía; ha firmado un pacto que está dispuesto a cumplir hasta que se acabe la legislatura, lo que ocurrirá en marzo de 2019 .

«No nos puede acusar de crear inestabilidad política. Las decisiones de Pedro Sánchez son las que provocan una inestabilidad que afecta a los sondeos de Susana Díaz», aseguraba ayer Juan Marín elevando su tono habitual de críticas ante la presidenta.

En medio de estos desencuentros se sitúa la actitud de Ciudadanos en el asunto del uso de las tarjetas de la extinta fundación Faffe. El consejero de E mpleo, Javier Carnero, compareció en el Parlamento el pasado 31 de julio tratando de aplacar las iras de la formación naranja en este asunto y procurando cortocircuitar la propuesta del PP de abrir una comisión de investigación para llegar al fondo del asunto y averiguar por qué se gastaron 42.000 euros en «gastos personales» (al menos 15.000 euros de los mismos fueron al prostíbulo Don Ángelo de Sevilla) que fueron pagados con la tarjeta que tenía el exgerente de la Faffe.

Pero las explicaciones de Javier Carnero no satisficieron a Ciudadanos que ha registrado en el Parlamento la celebración de otra comisión de investigación sobre el uso de estas tarjetas. Esta decisión ha molestado, y mucho, en el seno del Gobierno andaluz que considera que Ciudadanos está rompiendo el acuerdo que tenían con ellos.

En este escenario, todos los partidos andaluces están preparando la convocatoria electoral que se baraja que podría ser entre el 18 o el 25 de noviembre. Estas fechas impedirían la celebración de ningún pleno más en el Parlamento andaluz ya que el siguiente está programado para el 12 y el 13 de septiembre, precisamente la fecha en la que Susana Díaz podría firmar el decreto de convocatoria de elecciones.