La Junta de Andalucía busca destino a los trabajadores que heredó de la Faffe

La política de empleo de la Faffe también está bajo la lupa judicial por presunto enchufismo, como destino laboral de numerosos cargos afines al PSOE desde su constitución en 2003.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, aseguró ayer en el Parlamento que su departamento está poniendo en marcha «nuevas herramientas» para ordenar la situación de los recursos humanos del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el personal laboral propio que llegó procedente de la Faffe, y «extraer el máximo provecho a la profesionalidad de sus trabajadores», mientras que Vox le exigía «señalar a los enchufados de este organismo y echarlos a la calle».

Blanco, que admitió la «complejidad» de las gestión administrativa de las relaciones laborales en su consejería descarta los despidos y confía en normalizar la plantilla a partir de la aplicación del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales. Según Blanco, «no se debe desperdiciar la potencialidad de una Agencia que debe liderar los muy necesarios servicios públicos de empleo».

«Nosotros queremos que el SAE supere esa etapa de confusión en las funciones derivadas de la distinta procedencia de su personal, y siendo estrictos con la legalidad vigente, podamos extraer el máximo provecho a la profesionalidad de sus trabajadores, dijo la consejera.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, criticó que la incorporación de los trabajadores de la Faffe al SAE «es un reflejo del gobierno socialista que convirtió este organismo en el centro neurálgico de la corrupción y solo bastaba llevar el carné del PSOE o de los sindicatos para entrar por encima de los funcionarios», ha lamentado antes de citar el caso de la esposa del actual secretario general del PSOE, Juan Espadas , trabajadora de la Faffe, que recientemente declaró en la comisión de investigación parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas de la gestión de la fundación. Por ello exige a la consejera «señalar quiénes son los enchufados y echarlos a la calle».

Blanco recordó que el Supremo ha dado la razón a los empleados que en su día fueron despedidos, una batalla judicial que ha costado a la Junta unos 80 millones de euros por indemnizaciones y otros conceptos. «La auditoría del SAE incluye un pormenorizado relato sobre un proceso plagado de irregularidades por las decisiones tomadas por los anteriores responsables que se volvió en contra de la administración pública andaluza», zanjó Blanco.