La Junta de Andalucía aflora 214 millones de los que la mitad son por fraude en Sucesiones

Montero explicó que esa cifra se podrá elevar en doscientos millones más si se resuelven los expedientes judiciales pendientes. La consejera añadió que esos litigios en su mayor parte corresponden a grandes declarantes y grandes patrimonios «que son los que más emplean medidas jurídicas de atajo, ingeniería e ilusión fiscal para eludir obligaciones». No obstante, dejó claro que no hay un perfil ni un patrón de contribuyente para cometer fraude en los impuestos que la Junta gestiona. Además, pidió que los litigios derivados de acciones por fraude fiscal sean abordados por «mecanismos exprés» para que puedan ser resueltos en un tiempo más corto «pues en muchas ocasiones hay retrasos de hasta cinco años».

En este sentido, reclamó «autopistas» judiciales que permitan «poder efectuar definitivamente la recaudación». Montero, en la presentación del balance de la lucha contra el fraude fiscal, recordó las «limitadas competencias» de la Junta en este ámbito, ya que «sólo puede ejercer un control sobre los tributos propios y aquellos cedidos por el Estado, lo que representa tan solo el diez por ciento de los ingresos financieros del presupuesto autonómico».

Cuando se le preguntó si era partidaria de más competencias en materia de control del fraude, la consejera respondió que «sería efectivo un trabajo coordinado con la Agencia Estatal» y «desde Andalucía», pero lamentó que el debate sobre un aumento de las competencias de las agencias tributarias «está políticamente sesgado y contaminado » por el asunto territorial, ya que «podría ser técnicamente mejor que tuviéramos competencias autonómicas en materia tributaria».

María Jesús Montero situó la lucha contra el fraude fiscal como una prioridad, dado su efecto en los servicios públicos y las prestaciones sociales. A su juicio, «la financiación de recursos públicos nos hace iguales» y lamentó que los incumplimientos «generan injusticia entre los que cumplen sus obligaciones y los que buscan subterfugios ».

La consejera de Hacienda añadió que a esas cifra de recaudación del fraude se suman casi 200 millones de euros del impuesto de depósitos crediticios, que posteriormente fue modificado por el Gobierno central, el cual lo redujo a tipo cero, compensando por ello a las comunidades autónomas. De esta forma, sin contar con el impuesto sobre depósitos, se han ingresado 800 millones desde 2013 .

Para Montero, en la hipótesis de que Andalucía gestionara el control de más impuestos, el afloramiento se cifraría en 1.800 millones de euros. Para ello se basa en que «en impuestos que nosotros no gestionamos, como IRPF, Sociedades o IVA , hay un nivel importante de fraude, pero la Agencia Tributaria andaluza no tiene competencias, aunque trabaje con la Agencia Estatal».

De los 214,3 millones recaudados en el último año por control del fraude por la Agencia Tributaria andaluza, 105 millones corresponden al Impuesto de Sucesiones , 54,7 millones a Transmisiones Patrimoniales , 11,9 millones a Actos Jurídicos Documentados , 2,9 millones a Patrimonio y 36,5 millones al impuesto sobre depósitos , entre otros.

La consejera, por último, destacó el nivel «cada vez más elevado» del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en Andalucía, de forma que más del 90 por ciento de la recaudación correspondiente al primer semestre de este año procede de autoliquidaciones, es decir, de declaraciones que debe presentar el ciudadano derivadas de actividades sujetas a tributación. En este apartado destaca el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

No obstante, en cuanto a las autoliquidaciones que no se presentan voluntariamente, en los últimos doce meses se han abierto 24.390 expedientes de control que han llevado a la presentación de 2.386 liquidaciones extemporáneas. Éstas han proporcionado ingresos de 3,4 millones. La mayoría de expedientes, 19.933, se han incoado en este semestre, y la previsión es incrementar la recaudación por este concepto.