La Junta de Andalucía, ¿acusación particular o defensa de los imputados en el caso Invercaria?

Las constantes trabas que ha puesto Invercaria a la instrucción han arrojado dudas sobre su rol en esta causa abierta en 2012. Su postura contradictoria fue reprobada con contundencia el pasado martes por el fiscal Anticorrupción Fernando Soto en el único juicio del caso celebrado por ahora, centrado en Aceitunas Tatis. «El comportamiento de Invercaria ha estado más próximo al encubrimiento del posible delincuente y de la obstrucción de la Justicia que de la colaboración que se espera a una víctima de un delito», declaró el representante del Ministerio Público.

Su renuencia a colaborar con la Justicia no es el único dato que abona la teoría de la ambivalencia procesal. La actual abogada que ejerce la acusación en nombre de Invercaria en distintas piezas, Elia Hernández Borrego, defendió en 2012 a una procesada, Laura Gómiz Nogales , en el pleito que interpuso contra ella en el juzgado de lo Social número 2 de Sevilla un exdirectivo y subordinado suyo, Cristóbal Cantos, que pedía declarar nulo su despido y denunciaba a su antigua jefa por represaliarle. El juez desestimó aquella demanda.

Laura Gómiz está ahora encausada como expresidenta de la sociedad en una pieza separada del caso Invercaria. Junto a ella, hay otros dos expresidentes investigados por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por los préstamos concedidos a la productora granadina Kandor Graphics SL por importe de 1,5 millones de euros. Se trata de Tomás Pérez-Sauquillo y Francisco Álvaro Julio.

Siendo éste último presidente, en septiembre de 2017 fue contratada por primera vez Elia Hernández como letrada independiente por la empresa pública. Con posterioridad, cuando ésta se asoció al bufete Zurbarán Abogados, Venture Invercaria SAU volvió a demandar sus servicios. El 1 de septiembre de 2019, Invercaria encargó al citado despacho la asistencia jurídica en la causa penal mediante un contrato menor de 14.000 euros (IVA no incluido) que vence en junio de 2020, según informaron desde la sociedad.

El 20 de septiembre pasado, la letrada que ejerce la acusación en nombre de Invercaria pidió el archivo de la pieza de Kandor Graphics SL y exculpó de las irregularidades a los imputados Laura Gómiz y Francisco Álvaro Julio , alegando que «ninguna participación» tuvieron en los hechos. En el escrito, Hernández se oponía a la reapertura de esta causa por parte del Audiencia de Sevilla. Argumentó que, aunque la inversión millonaria «no se recuperó», tal pérdida es «consustancial» a la actividad del capital riesgo.

En sus alegaciones, la letrada cargaba con dureza contra Cristóbal Cantos , testigo en esta causa, porque «carece de credibilidad» al tener una «obsesión enfermiza contra los investigados» y lo acusó de «fabular» sobre la elaboración de informes falsos para justificar inversiones, aludiendo expresamente a que Gómiz fue absuelta de tales hechos por el juez de lo Social siendo ella su abogada.

Tanto la dirección actual de Invercaria como la letrada sostienen que no hay «ningún un conflicto de intereses» que impida la correcta defensa de sus intereses porque son procedimientos de distinta naturaleza y lejanos en el tiempo, explica Elia Hernández. Esta abogada aseguró a ABC que se ha guiado antes y ahora con criterios «estrictamente jurídicos» . No obstante, volverá a poner el cargo a disposición de su cliente.