La Junta acepta más control en las subvenciones y en su personal

Para sacar adelante este Presupuesto, el Gobierno ha cumplido sus promesas con Vox si bien ha querido negociar con todos los del arco parlamentario andaluz. Por primera vez en la historia, se han admitido enmiendas de todos los grupos políticos, lo que no había sucedido nunca ya que el PSOE no aceptó jamás una enmienda al PP.

Las cuentas públicas tienen muchos detalles que son significativos y que llevan más de un mes debatiéndose en la comisión de Hacienda del Parlamento andaluz , que ha emitido un dictamen que será el que definitivamente se convierta en ley para todos los andaluces. Y ese dictamen tiene diferencias relevantes respecto al inicial que presentó el Gobierno andaluz.

Con las aportaciones de los grupos políticos, los cambios afectan sobre todo a la gestión de las subvenciones, de la administración paralela y al control del personal de la Junta de Andalucía. Así, Vox ha conseguido que todas las consejerías tengan que tener aprobado en el plazo máximo de seis meses un plan estratégico para las subvenciones y ayudas que entregan cada una en sus respectivos ámbitos cumpliendo, además, varios, requisitos: la justificación objetiva de los fines de utilidad pública y social, y la demostración de que los beneficiarios de las mismas «aportan valor añadido a la consecución de dicha utilidad».

Con esta enmienda se salva uno de los principales escollos para las cuentas públicas ya que Vox quería eliminar las subvenciones para las asociaciones que luchan contra la violencia de género y también las que se conceden al colectivo LGTBI.

También hay cambios para el personal de la administración a propuesta de Vox. Sólo en casos excepcionales podrá contratarse a personal laboral en la Junta y el personal directivo de las agencias públicas deberá ser seleccionado exclusivamente por comités calificadores compuestos por personal de la consejería y del ente correspondiente. Deberá, asimismo, justificar el mérito, la capacidad y la idoneidad. Además, ponen cortapisas a las transferencias de financiación de la Junta a la administración paralela. Cuando afecte al 10% de su presupuesto, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

A estos controles se unen l a obligatoriedad de realizar una auditoría privada de todo el sector público instrumental en un plazo de hasta dos años de duración. Eso sí, el Gobierno andaluz deberá hacer un plan de reordenación de este sector público en el plazo máximo de un año.

Curiosamente, es Adelante Andalucía el grupo político que, junto a Vox, más reclama sobre el control y la transparencia en la administración paralela. Así, a partir de ahora serán públicas las tablas de los estados de ingresos y gastos de todas las agencias administrativas y de régimen especial, una información que, sorprendentemente, hasta ahora no se hacía pública de esta manera. También se deberán hacer públicos los anexos de personal que trabaja en todas las consejerías, agencias, empresas o fundaciones de la Junta.

Hay otra novedad sustancial sobre la creación de entidades privadas o la transmisión de participaciones a las mismas por parte de la Junta que deberán ser comunicadas al Parlamento de manera obligatoria.

Una de las enmiendas más llamativas de las presentadas por el PP y Ciudadanos es el mayor control de la Cámara autonómica sobre el pago de sentencias judiciales. El Parlamento deberá autorizar los acuerdos judiciales o extrajudiciales cuando su cuantía sea superior a los 12 millones de euros y siempre teniendo en cuenta que no se podrán conceder exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda de la Junta de Andalucía.