La juez Núñez utiliza el cambio de gobierno para desactivar al PP como acusación en casos de corrupción

En un auto del 28 de mayo al que ha tenido acceso ABC, la juez asegura que es «innecesaria» y «superflua» y que tiene «intereses ajenos a la defensa de la legalidad que justifica el establecimiento de una fianza que garantice los resultados del proceso y los derechos fundamentales de las personas investigadas».

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla alude al cambio de gobierno en la Junta de Andalucía para tratar de justificar su giro y desactivar a los letrados del PP que plantearon su recusación en la causa de las transferencias de financiación recibidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Denunciaron que una cuñada de la magistrada estaba trabajando actualmente en IDEA como técnica en el área que manejaba las transferencias, pero la Audiencia de Sevilla rechazó la recusación.

La juez confunde al partido, PP, que está personado como acusación popular en esta y otras causas de corrupción, con la institución, la Junta de Andalucía, que ejerce l a acusación particular en el caso Faffe .

La juez ha señalado que el hecho de que el PP andaluz «como partido que gobierna la Junta de Andalucía» se haya personado en la causa como acusación particular convierte a la acusación popular (PP-A) en «superflua e innecesaria para la defensa de la legalidad en la causa ya que ello se ejerce como acusación particular», obrando, por demás, « en la Junta y por tanto en manos del PP-A toda la documentación a investigar ».

La juez impone la fianza, años después de iniciarse la instrucción, amparándose en determinada jurisprudencia y en un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal elaborado por el que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido , que finalmente ni siquiera fue aprobado.

Núñez afirma que es «un deber legal» depositar la y que «no es contraria al ejercicio de la tutela judicial efectiva siempre y cuando la cuantía no impida el efectivo acceso », de 12.000 euros, cantidad ha calculado «teniendo en cuenta que son numerosos los sujetos investigados, y que alguno de ellos ocuparon cargos del Partido Sacialista (sic) de Andalucía» en alusión al PSOE andaluz.

La juez Núñez adopta esta decisión después de que los letrados de la Junta pidieran exculpar a los ex altos cargos socialistas imputados en el caso Avales , que afecta a la agencia autonómica IDEA. Una decisión que el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos ha justificado, asumiendo la misma estrategia jurídica que tenía anterior ejecutivo socialista.

Para justificar la exigencia de fianza, la juez Núñez alude a que, según un testimonio remitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, existen « indicios de una posible filtración » desde el despacho de los abogados del PP-A, «a un medio de prensa de contenido de esta causa», en concreto del vídeo de la declaración en instrucción del ex director de la Faffe, Fernando Villén . La letrada del PP Lourdes Fuster ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Sevilla por esta acusación y asegura que intenta «coaccionar y amedrentar» su actuación.

Para la magistrada, esta circunstancia hace valorar la posible concurrencia en la personación, como acusación popular, «de intereses ajenos a la defensa de la legalidad».

La juez da 30 días al PP para pagar la fianza. De lo contrario, la apartará definitivamente de la causa . De momento, anula a esta acusación popular porque no les tiene en cuenta como parte en el proceso «de forma efectiva».