La juez Núñez desprecintó dos despachos de la Junta con miles de expedientes del caso formación sin investigar

Mediante una providencia del 23 de enero de 2017, la actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lleva veinte días de baja, acordó quitar los cierres de seguridad de dos salas del Archivo Central de la antigua Consejería de Empleo y Comercio que fueron precintadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 19 de agosto de 2014. Sin esperar a que el archivo fuera firme, Núñez atendió la petición de la Junta de Andalucía para tener acceso a los despachos y mover los papeles. La magistrada alegó que se trataba de expedientes «no objeto de investigación».

El 11 de octubre de 2016, la instructora había sobreseído la causa argumentando que sólo había «irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos públicos» en la actuación de los ex cargos de la Junta. La Audiencia no comparte esta tesis y ha pedido seguir indagando en la situación de «descontrol» de 18.023 expedientes por importe de 2.896,48 millones de euros correspondientes a ayudas repartidas entre 2002 y 2012.

El PP, acusación popular en este caso, se opuso a que se autorizara a la Junta de Andalucía a acceder a cientos de expedientes originales sin haber sido investigados.

Pero la instructora ignoró su petición y procedió a ordenar el desprecinto de la misma documentación que ahora tendrá que analizar a instancias de la Audiencia de Sevilla.

El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de los letrados del PP y ha ordenado a la Guardia Civil que examine, con la asistencia de un interventor de la Junta de Andalucía y otro de la Intervención General del Estado, una serie de expedientes de subvención precintados por los agentes en despachos del SAE, en la avenida de Hytasa de la capital sevillana. Cuando dictó su auto revocando el archivo provisional del caso, la Sección Primera desconocía que el precinto de los despachos ya había sido retirado .

La juez que abrió el caso Formación y anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, hizo un requerimiento a los agentes de la UCO para blindar el acceso a las dependencias donde estaba archivada la documentación que pudiera ser relevante para esclarecer las irregularidades. Con esta medida de seguridad, perseguía que nadie pudiera manipular los originales de los expedientes de los cursos subvencionados por la Administración autonómica con el fin de examinarlos.

Su sucesora en el juzgado no sólo ordenó el desprecinto de la documentación sino que también autorizó al Gobierno andaluz de Susana Díaz a que lo hiciera «de forma libre, sin que para ello sea necesaria la observancia de cuerpo policial alguno », especificó en una providencia del 7 de abril de 2017 que aclaraba las dudas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre el desprecinto de los papeles.

La Fiscalía Anticorrupción tampoco se opuso al «traslado de los expedientes que, a la vista del estado de las presentes diligencias, no constituyen, ni lo han sido nunca, objeto material de investigación por la UCO ». También apoyó que fueran devueltos a la Administración los expedientes de las ayudas depositados en el juzgado.

En su recurso, en cambio, el PP solicitó que la providencia de Núñez fuera revocada y en su lugar acordara «la inmediata entrega a la UCO y a las partes de los expedientes que se pretenden devolver para su análisis y, consecuentemente, la reapertura de las presentes diligencias previas».