La juez excluye a Antonio Fernández de la pieza por ayudas de 8,4 millones a un exalcalde del PSOE

En un auto, con fecha de 4 de mayo de 2018, la juez instructora, de esta manera, estima el recurso presentado por la defensa de Fernández solicitando el sobreseimiento y archivo. En este sentido, cabe recordar que el que fuera viceconsejero de Empleo entre abril de 2000 y el mismo mes de 2004, fecha en la que asumió la Consejería del ramo hasta marzo de 2010, está siendo juzgado, junto a otros 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz , en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y las directas a empresas en crisis en los ERE irregulares.

La magistrada expone en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que la presentación de Fernández, además de alegar la absoluta falta de cualquier intervención de un mínimo valor interpretativo jurídico-penal por parte del exconsejero en relación a la ayudas investigadas, solicita el sobreseimiento reiterando una cuestión ya promovida, resuelta en otras diligencias por la Sección Séptima de la Audiencia en autos anteriores.

Igualmente, Fernández solicita el sobreseimiento parcial subjetivo al considerar que la delimitación objetiva que se realiza en el auto de procedimiento abreviado de la pieza política de los ERE «rompe y quiebra la realizada por el auto de división de la causa matriz de 30 de julio de 2015, aclarado y/o complementado por otro de 9 de noviembre de 2015 donde se acordaba la división de la causa en piezas separadas», una denominada «procedimiento específico» tendría como objeto los hechos relativos al diseño, implantación y mantenimiento del mismo y, diversas piezas donde se realizaría la instrucción de los actos por los que se designa quién sea el beneficiario de las subvenciones y ayudas y cuál sea su cuantía y destino, los expedientes de concesión y pago.

En este sentido, según argumenta la defensa del exconsejero, dichos expedientes en ningún caso serían el objeto de «procedimiento específico» sino de cada una de las piezas que se abran por cada ayuda o subvención. Sin embargo, entiende el abogado de Fernández, que la delimitación objetiva realizada por el auto de procedimiento abreviado de la pieza política rompe dicho diseño trayendo al citado «procedimiento específico», como objeto del mismo, también los expedientes de concesión o pago de las ayudas.

«Efecto éste que se corrobora con los escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal, Partido Popular y Manos Limpias, mediante los que se asume y se lleva a sus lógicas y últimas consecuencias la c ontinencia de hechos y delimitación objetiva de la causa , relatando hechos y describiendo las conductas relativas a la concesión de la totalidad de las ayudas sociolaborales y a empresas objeto de la investigación, calificando tales conductas como constitutivas del delito de malversación de continuado decaudales públicos y considerando como responsable del mismo a Fernández», añade la parte recurrente.

En esencia, apunta que, como señala la Sección Séptima de la Audiencia, dirigirse contra Fernández en este procedimiento -pieza separada por las ayudas a Ángel Rodríguez de la Borbolla- «implica la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento», suplicando por ello el sobreseimiento parcial subjetivo y su exclusión y apartamiento de la causa por aplicación del artículo 25 de la Constitución en cuanto proclama el «principio de legalidad, regla non bis in Ídem».

De su parte, la juez señala que «el afán globalizador» del «procedimiento específico» ha determinado que él mismo c ontenga el enjuiciamiento de todas las presuntas conductas delictivas de Antonio Fernández, al que se le ha terminado acusando y se está enjuiciando por su íntegra participación en esa trama tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación.

Así, vuelve a hacer referencia a autos de la Sección Séptima en los que se recoge que en el denominado «procedimiento especifico» se enjuicia «no sólo toda ayuda sociolaboral sino t ambién toda ayuda directa y todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron».

Por ello, concluye que del análisis de las actuaciones en esta pieza separada «no cabe la menor duda de que nos encontramos ante pagos realizados al amparo de dicho procedimiento y, por tanto, enjuiciados en el denominado procedimiento específico».