Política

Juanma Moreno urge a su Gobierno a negociar las leyes pendientes antes de julio

Elías Bendodo rechaza la propuesta de financiación autonómica de la ministra de Hacienda María Jesús Montero

El presidente de la Junta, Juanma Moreno Joaquín Corchero/E.P.

El presidente de la Junta quiere cerrar su legislatura con la aprobación del paquete completo de lo que denomina «agenda reformista» y para ello ayer encargó a todos sus consejeros que dialoguen, negocien y pacten a su izquierda y su derecha todas las ... leyes que están pendientes en el próximo período de sesiones del Parlamento andaluz, esto es, el que va desde febrero a julio. Concluiría así el objetivo político de la legislatura precisamente en la fecha que Juanma Moreno ha anunciado que se celebrarían las elecciones «entre junio y octubre».

El Gobierno quiere que salgan adelante leyes como las de Economía Circular, de Función Pública, de Atención Temprana, de Policías Locales, de Familias, de Evaluación de Políticas Públicas, de Participación Institucional y de Tasas. Todas ellas están ya listas para ser remitidas al Parlamento en cuando se inicie la actividad en la Cámara el próximo año. El encargo de Juanma Moreno ha sido que «extremen su capacidad de negociación» para que estas normas salgan adelante teniendo en cuenta que Vox ha roto su compromiso que tenía con el Ejecutivo desde el inicio de la Legislatura y vota algunas normas sí y otras no, y el PSOE se ha comprometido públicamente a no bloquear el Parlamento.

El Gobierno de Juanma Moreno está acelerando en estos meses su agenda legislativa ante lo que previsiblemente será un adelanto electoral que el propio presidente quiere evitar. O, al menos, pretende convocar elecciones con la mayoría de las reformas que prometió en marcha.

Tras la aprobación de la Ley del Suelo (Ley Lista) , la próxima semana el Parlamento andaluz debatirá la aprobación de la ley de subvenciones a las Entidades Locales Autónomas (ELAs), norma para la que cuenta con el apoyo de todos los grupos de la cámara. También se debatirá la creación de la Agencia Trade (la fusión de cuatro entidades de la administración paralela de la Junta), una norma contra la que se posiciona Vox pero que sí cuenta con el aval del PSOE y Unidas Podemos siempre y cuando no suponga la pérdida de empleo público.

También se debatirá la admisión a trámite o no de la Ley de Concordia que presenta Vox, una norma que ayer levantó polémica ya que la portavoz adjunta del PSOE, María Márquez , acusó al Gobierno de tenerla ya acordada. Sin embargo, esta norma, que pretende sustituir a la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática, tiene muchas dificultades de salir adelante ya que fuentes populares explicaron que se ha presentado sin negociar con el resto de grupos a pesar de que había un texto en el que estaban trabajando el PP, Ciudadanos, el PSOE y Vox.

Financiación autonómica

Otro de los asuntos pendientes es la reforma del sistema de financiación autonómico. A pesar de que Juanma Moreno está liderando un grupo de barones, junto a Ximo Puig (Valencia) y Fernando López Miras (Murcia) que agrupa a las comunidades peor financiadas y que defienden el criterio de población para el reparto de los fondos, el Gobierno andaluz está en contra de la propuesta que ha planteado María Jesús Montero.

Así lo afirmó ayer el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien traslado que «no nos gusta, ni la letra ni la música» y considerar que en sus 240 páginas de contenido hay «mucha paja porque no da ni un sólo número», así como es «una patada adelante».

Bendodo pidió al Gobierno que «salde sus cuentas con Andalucía» y volvió a reclamar los 547 millones del IVA del año 2017, mil millones para un fondo Covid extraordinario «ya que la pandemia no ha terminado y el 40% de los gastos son estructurales», así como un fondo de compensación transitorio para las tres comunidades infrafinanciadas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández , instó a la Junta a trabajar «con seriedad sobre la propuesta de reforma de financiación autonómica, en lugar de buscar continuamente la bronca política».

Hay que tener en cuenta que la Junta debe responder al documento enviado por el Ministerio de Hacienda antes de que finalice el mes de enero de 2022. A partir de esas aportaciones de todas las comunidades autónomas se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera para empezar a debatir el nuevo modelo.

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