La población ajustada será la clave del nuevo modelo de financiación autonómico como pedía Andalucía

Hay que recordar que los presidentes valenciano y murciano han visitado el Palacio de San Telmo para acordar con Juanma Moreno una propuesta conjunta que se tiene en cuenta en esta propuesta del Gobierno central .

En este texto, el ministerio que dirige María Jesús Montero defiende que la propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, si bien también tiene en cuenta otras ponderaciones tal y como reclaman las comunidades que tienen menos población y más territorio, como el bloque que lidera el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.

Así, en el caso del gasto sanitario , el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.

La propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45 %.

En la propuesta que ha enviado a las comunidades autónomas y que parte de los trabajos realizados por el comité de expertos, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

Además, incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, la de los mayores de 80 años y una variable que serían los parados sin prestación por desempleo. La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre el 80 y 90% y el de los parados entre el 10 y 20%.

Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22%.

A pesar de incluir sus demandas, el Gobierno andaluz ha puesto el foco en que «se ha excluido la financiación autonómica y el fondo Covid, además del fondo de compensación transitorio del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes » que se celebrará a primeros de enero en La Palma.

El Ejecutivo regional entiende que «el problema persiste» tras considerar que «estamos ante otra huída hacia adelante frente a una cuestión que es urgente y necesita celeridad». Desde la Junta insisten en que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, debería convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera, CPFF , a la mayor brevedad, ya que es el órgano donde deben tomarse las decisiones que afectan a la financiación.