Un interventor compromete a Griñán: «Pudo parar en cualquier momento el sistema de ayudas de los ERE»

García Revilla, cuya declaración como testigo continuará este miércoles por tercer día consecutivo, ha seguido respondiendo este martes a preguntas del Ministerio Público, acusaciones y defensas en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE entre 2001 y 2010.

Desde 1999 a 2010 el testigo fue interventor delegado de Control Financiero Permanente de entidades de derecho público, entre ellas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, quien allegaba fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA.

En este sentido, García Revilla ha señalado que desde el año 2003 el Control Financiero Permanente ya recogía en sus informes el uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, que no fueron fiscalizadas previamente en la Consejería de Empleo. Cabe recordar que las acusaciones sostienen que con el uso de las transferencias se omitió el control de las ayudas.

El abogado del PP-A, Luis García Navarro, ha exhibido a García Revilla la declaración ante la juez instructora Mercedes Alaya que realizó el ex interventor general Manuel Gómez, acusado en este proceso. La magistrada le cuestionaba a Gómez: «¿Está usted de acuerdo que el consejero de Hacienda, cuando lo considere, previo informe del interventor general o cuando reciba los informes definitivos, puede someter cualquier cuestión al Consejo de Gobierno para que se adopten los criterios o medidas oportunas, y todo ello de conformidad con el artículo 52 y 57 TER del Reglamento de Intervención?». «Sí e incluso sin informe del interventor , de acuerdo con el artículo 57.3 del Reglamento de la Intervención», respondió entonces Gómez.

García Revilla, preguntado por el letrado de la acusación si está de acuerdo en que «el consejero de Hacienda podía haber intervenido en cualquier momento para parar esta situación» -en relación al sistema de ayudas y sus irregularidades-, ha asegurado que está «completamente de acuerdo» con el interventor general.

Previamente, el testigo ha afirmado que el uso inadecuado de las transferencias de financiación «sin lugar a dudas» es un problema de la ejecución del presupuesto, no de la presupuestación. Además, ha señalado que el órgano gestor, en este caso la Dirección General de Trabajo, es el responsable de decidir usar transferencias de financiación como herramienta para financiar las ayudas investigadas y de su presupuestación.

García Revilla, autor de numerosos informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA desde 2001 hasta 2008, ha explicado que el informe adicional, como el que se realizó en 2005 al informe de cumplimiento de IFA/IDEA de 2003 y en el que se recogían ciertas irregularidades en el sistema de concesión de ayudas de los ERE, « no es una vía establecida para comunicar supuestos de responsabilidad contable , sino que se emite ante circunstancias detectadas en el Control Financiero Permanente en una entidad ajena al ente auditado».

En este sentido, ha asegurado que las irregularidades detectadas en el informe adicional de 2005 sobre el ejercicio de 2003 eran «achacables» a la Consejería de Empleo. Tras detectarse en el informe de cuentas de 2003 de IFA/IDEA un déficit de 38 millones en el ente por «falta de cobertura financiera» para pagar las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, el ex interventor general le pidió que indagara la realidad de esa cifra. Entonces, según el testigo, solicitó los convenios de las ayudas que se encontraban en IFA/IDEA , en los que se incluía una cláusula que decía que toda la documentación que justificaba las ayudas estaba en la Dirección General de Trabajo.

Posteriormente, según ha continuado explicando, para validar las cifras de déficit se pidieron expedientes administrativos de concesión de las ayudas a la Dirección General de Trabajo, enviando ésta un número entre 15 y 20.

Tras el trabajo de revisión de esos expedientes, que realiza el servicio de fiscalización de la Intervención General, se le pasa «una nota interna» sobre el expediente de la ayuda a Hitasal en el que se recoge «una serie de deficiencias y comunes» al resto de expedientes. En el informe definitivo de cumplimiento de 2005 se concluyó, según García Revilla, que se estaban concediendo subvenciones «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Ha defendido que la revisión de expedientes no se hizo posteriormente porque el Control Financiero Permanente no puede revisar esos expedientes, sino que c orresponde a la fiscalización previa en Empleo. «Lo que procedería es que Empleo remitiera los expedientes completos a la fiscalización previa», ha afirmado.

«Haber mantenido esta actuación -de revisión en el Control Financiero Permanente- sería mandar un mensaje erróneo a la Consejería: sigue tramitando así y ya lo veremos nosotros». En este sentido, ha asegurado que era «un p rocedimiento de concesión de subvención excepcional sumergido y fuera del circuito administrativo».