Hacienda ahoga a los pueblos con cultivos en tierras comunales cerca de Doñana

El motivo principal es el uso no regularizado de aguas subterráneas mediante la utilización de pozos ilegales o el aprovechamiento de la lluvia en balsas no aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Estos terrenos son propiedad del municipio y están cedidos por un periodo de 75 años, renovables, en régimen de canon por concesión administrativa. ABC ha tenido acceso a los más de 400 expedientes sancionadores que en sólo cuatro años suman un total de más de un millón de euros. Para ser exactos, 738.871,99 euros de sanciones y otros 277.689, 83 de indemnizaciones.

Manuel Mora, alcalde desde 2019, independiente, gobierna con una coalición del Partido Popular. «Ni en los tiempos en los que estábamos confinados en nuestras casas por la pandemia dejaban de llegar multas», explica a este periódico. «Además, nos tememos que con la proposición de ley para regularizar estos cultivos aprobada en el Parlamento andaluz por PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE estas represalias se intensifiquen», señala el regidor del municipio. «Nosotros hemos colaborado con la administración desde el primer momento, pero tenga en cuenta dos cosas. Una, que los derechos históricos de uso sobre estas tierras comunales vienen de tiempos inmemoriales. Algunas concesiones datan de la II República porque están desde 1938. Segundo, nuestra capacidad es limitada, somos un pequeño pueblo con sólo ocho funcionarios, incluido un técnico de medio ambiente. Ya me dirá como podemos responder o alegar a cada uno de los expedientes que nos llegan. Muchas de las parcelas denunciadas por la CHG no coinciden con los registros catastrales, o sus cedentes han cambiado, bien porque han pasado a otros familiares o porque son otros los agricultores que las explotan», puntualiza Manuel Mora.

«Pues bien, aparte de sancionar también a los trabajadores agrícolas por el uso ilegal de agua, a nosotros como administración municipal nos han convertido de responsables subsidiarios en directos, como si el Ayuntamiento de Lucena fuera el que hace los pozos de captación de agua. Nos acusan falsamente de no colaborar o de que no les contestamos a sus alegaciones cuando nos dan un mes para hacerlo y no tenemos personal; esto es inaudito, sobre todo para un sector que lo único que produce es riqueza para la zona», se queja el alcalde.

Preguntado sobre si este mismo problema de uso de las tierras comunales le está ocurriendo a otros pueblos de la Corona Norte, afirma que sí, «a Almonte y Moguer, pero el primero está en manos de una marca blanca de Podemos y el segundo del PSOE. Yo he intentado hacer un frente común para trasladar esto a la Diputación de Huelva y que nos ayuden, pero la alcaldesa del primero no me coge el teléfono y el segundo afirma que no comparte los datos», manifiesta Mora.

El alcalde está muy preocupado por cómo se están desarrollando los hechos y la «desprotección» con la que cuentan. «Al hacernos responsables directos del mal uso de agua en las tierras comunales van a terminar pidiendo que sea el Ayuntamiento el que desmantele las plantaciones de berrys, lo cual es una locura, porque estamos en plena campaña y además no tenemos medios».

La situación financiera de Lucerna del Puerto está al borde de la quiebra. Cuando entró la nueva corporación se encontraron en los cajones un millón y medio de euros de deuda pendiente de pago. La mitad por sentencias judiciales de la época anterior socialista; la otra parte, a proveedores. Esto les supone un abono de 10.000 euros mensuales. Además, una deuda, también heredada, con la Seguridad Social les obliga al pago de otros 3.000 euros. Temen que si sigue la 'cascada' de expedientes sancionadores y sus deudas con la Administración Central, «no podamos hacer trabajos esenciales como pueden ser la limpieza del pueblo, las reparaciones y mantenimiento del mobiliario urbano, que se realizan mediante contratas o incluso las nóminas de los trabajadores», alegaron ante Hacienda para que les fraccionara los pagos de las denuncias de la CHG.

«El Gobierno de Pedro Sánchez ha condenado a todo un pueblo a no tener ya servicios sociales, sino ni siquiera básicos», denuncia la concejala de Agricultura del Partido Popular María Dolores Almirón . «Gracias a que nos han concedido el fraccionamiento del pago de las multas estamos intentado salvar la situación. Del más de millón de euros en sanciones por las tierras agrícolas ya hemos hecho frente a 300.000», justifica Almirón.

Según el alcalde, el presupuesto anual de Lucena ronda los tres millones y medio de euros, de los cuales la mitad se destina para personal, un 25 por ciento a gastos corrientes como la luz o el teléfono «y en realidad nos quedan 500.000 euros libres; ya me dirá con ese dinero cómo vamos a pagar las multas que nos llegan», concluye el independiente Mora.