La Guardia Civil denuncia el desvío «obsceno» de dos millones de euros en fondos europeos en una residencia de Almería

Todos ellos están ahora investigados por supuesto fraude de subvenciones y tráfico de influencias , entre otros delitos más atribuidos a 15 personas en un sumario que no ha dejado de crecer desde 2019, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Rubio abrió las diligencias previas. El detonante fue la denuncia de una trabajadora del GDR.

El centro con 120 plazas para mayores – concertadas algunas de ellas con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social – que iba a poner a Chirivel en el mapa, no estuvo funcionando ni cinco años. Incumplió así el tiempo mínimo indispensable que estipula la Ley General de Subvenciones. Pero la ayuda pública no se ha recuperado ni devuelto. La antigua Consejería de Agricultura y Pesca aportaba el 10% de la subvención y el 90% restante corría a cuenta de los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader).

El Equipo contra la Delincuencia Económica de la Guardia Civil de Almería, encargado de la investigación, denuncia que en torno al GDR, creado para canalizar los fondos provenientes de la UE, se articuló una «organización delincuencial» para «distraer» el dinero público en beneficio propio. En el vértice de esa pirámide sitúa a la gerente del GDR, Ana M. R. , a la que considera una «figura clave» en todo este entramado. Es amiga del actual diputado del PSOE por Almería, José Luis Sánchez Teruel , alcalde de Chirivel entre 1999 y 2004.

El informe policial de 603 páginas, al que ha accedido ABC, sostiene que A. M. R. no actuaba sola, sino que contó con la complicidad de técnicos y miembros de la junta directiva de Aprovélez –integrada por asociaciones de empresarios, sindicatos y administraciones locales– y con « personal de diferentes consejerías que, si bien no actuaron por acción, sí lo hicieron por omisión ». Los agentes responsabilizan, además, a funcionarios y políticos de ayuntamientos de la comarca, como el alcalde socialista de Chirivel entre 2007 y 2011, Cristóbal Aránega, también investigado.

La Guardia Civil concluye que hubo una «connivencia plena» entre la arquitecto técnico municipal –su hermano P.J.G.L. trabaja como técnico en el GDR–, Previndal Salud SL, la gerente del grupo rural y el alcalde de Chirivel para que «de manera irregular y de forma obscena se detraigan de los fondos europeos casi dos millones de euros para un beneficio propio». El geriátrico montado con dinero público se vació y una empresa de mudanzas se llevó el mobiliario al garaje de la gerente.

El juzgado velezano intenta dar con el paradero de los casi dos millones en fondos europeos que se destinaron a este centro residencial situado en las estribaciones del parque natural de Sierra María Los Vélez. Tras contar con el apoyo incondicional de las administraciones locales y autonómica, el edificio salió a subasta en junio de 2018 .

En la causa hay 15 investigados, a los que los agentes imputan un amplio catálogo de delitos: fraude de subvenciones, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, administración desleal, apropiación indebida, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal .

A la vista de los documentos y testimonios recabados, la Guardia Civil halla una cadena de negligencias e irregularidades en la actuación del citado ayuntamiento, Aprovélez y la Junta de Andalucía que no considera casual. En su informe afirma que la obtención de la subvención «no debería haber sido autorizada» nunca .

El expediente presenta «deficiencias» desde su inicio. La residencia contaba desde 2012 con una autorización provisional de funcionamiento emitida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social porque no estaba acondicionado. La licencia temporal fue prorrogada hasta en cuatro ocasiones hasta poco antes de su cierre, en mayo de 2018. Tampoco se crearon los 78 empleos previstos, sino 23 puestos de trabajo , «a todas luces insuficientes para la gestión» de un centro con 120 enfermos dependientes.

El 20 de mayo de 2010 cuando la empresa promotora presentó ante el GDR la solicitud de financiación pública, ni siquiera aportó la escritura de la parcela donde iba a edificar el centro, que todavía no había sido adquirida. Tampoco el ayuntamiento se la reclamó, como era preceptivo, para darle las licencias de segregación de la finca y de obras. Cinco meses antes, la gerente había informado al consejo del GDR de que se había firmado un convenio entre la Consejería de Agricultura y la citada entidad para determinar los criterios de reparto de las ayudas y se fija en 300.000 euros el límite subvencionable para cada proyecto. El 21 de junio de 2010, en una nueva reunión, se acuerda conceder « a la mercantil de marido de la gerente » una subvención de casi dos millones de euros, que casi quintuplicaba dicho límite. Aunque la gerente no tiene voto en el consejo, la Guardia Civil manifiesta «sin ningún género de dudas» que la operativa para la obtención de la ayuda «fue planeada, dirigida, ejecutada y avalada» por ella.

El Grupo Previndal Salud SL se constituyó en 2006, pero no realiza ninguna actividad hasta el año 2010, cuando «se reactiva al ser necesaria para dar apariencia de legalidad en la petición de la subvención al GDR». Dicha reactivación coincide con un hecho clave: el cuñado de la gerente entra a formar parte de la sociedad que iba a recibir la ayuda y Ana M. R. también se incorpora al Grupo Previndal Salud «de la mano de su marido, el cual adquiere parte de la finca y la aporta a la sociedad». Para entonces, la mercantil ya había pedido la subvención y «las relaciones políticas» garantizaban su obtención y posterior explotación del centro .