Golpe de gracia al caso ERE

Se cumplirían los peores presagios de la anterior instructora, que se negó con resistencia rocosa a trocear el caso argumentando que su desmembramiento en piezas « haría imposible el enjuiciamiento por separado de las diferentes conductas ». No le hicieron caso y tan pronto como fue apartada del proceso, la juez que la sustituyó, María Núñez, dividió la causa, como habían solicitado la Fiscalía, la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El tiempo le ha dado la razón a Alaya. Compañeros suyos en la Sección Séptima —donde Alaya hoy ocupa una plaza de magistrada— han concluido en tres autos que ex altos cargos autonómicos procesados por participar en un sistema irregular de reparto de ayudas a empresas , sólo pueden ser juzgados una vez. Lo contrario provocaría «una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos», se justifica.

Este criterio da un vuelco a la instrucción. En la práctica, significa que los cargos acusados por la pieza política (denominada procedimiento específico) no podrán ser acusados y enjuiciados por supuesta malversación de fondos públicos en cada una de las piezas en las que se dividió la causa, una por cada empresa que recibió subvenciones mediante su intervención.

La onda expansiva de esta decisión no se limita a los 22 ex altos cargos que irán a juicio el 13 de diciembre. Alcanzaría también de lleno a las empresas y personas que recibieron las subvenciones de forma caprichosa -sin un procedimiento reglado-, algunos de los cuales son calificados como «víctimas» por María Núñez Bolaños.

«Si quien concede la ayuda no puede ser juzgado por malversación, ¿cómo va a serlo quien la recibe? Si sólo son juzgados por el procedimiento específico, va a ser complicado que continúen las causas contra los trabajadores y las empresas que recibieron ayudas tras los autos de la Audiencia y la decisión de la juez», explica Adolfo Cuéllar. Este abogado vaticina una aluvión de peticiones de archivo a partir de septiembre. Quedarían las causas donde intervengan intrusos, la pieza de las sobrecomisiones y la del exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre otras.

El letrado Miguel Delgado, que representa al exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, recuerda que « la Fiscalía pidió la división de la causa y la Audiencia la bendijo pero nunca debió hacerse». Hace notar que entre los 22 ex altos cargos y funcionarios procesados por la pieza política ninguno se quedó con un céntimo. A diferencia de lo que ocurrió en el caso Nóos, donde la Infanta Cristina fue declarada responsable como partícipe a título lucrativo, en la pieza política de los ERE ningún acusado se benefició de estas ayudas. «Ninguno se ha llevado dinero y está demostrado», apunta este abogado.

En lo que respecta a los perceptores de ayudas, Núñez se ha mostrado en contra de acusar a todos los que pidieron o recibieron ayudas. La juez es favorable a futuros carpetazos y desimputaciones. De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ya archivó en octubre la primera pieza por el ERE de la empresa Azucareras Reunidas al no apreciar delito . La Audiencia anuló su decisión, cerrando por ahora esta vía para archivar las piezas en las que no hubiera intrusos, personas ajenas a la sociedad y beneficiarias de ayudas.

Tras conocer que la Audiencia había dejado sin efecto el procesamiento del exconsejero de Empleo Antonio Fernández por las ayudas concedidas a Surcolor por 2,3 millones, Núñez no ocultó su alegría. Antes que Fernández, los exdirectores generales de IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano fueron excluidos de otras piezas por el mismo motivo. Pero la batalla jurídica no ha hecho más que comenzar.