La juez Núñez llama «víctimas» a los acusados por pedir ayudas de la Junta relacionadas con los ERE

La macrocausa de los ERE, comenzada en el 2011 por la juez Mercedes Alaya , acumula a un número creciente de acusados cifrado en entorno a trescientas personas, a muchas de las cuales la juez Núñez considera «víctimas».

La afirmación de la juez se produce después de conocer la decisión de la Audiencia de Sevilla de que el exconsejero andaluz de Trabajo Antonio Fernández será juzgado sólo una vez en el caso de los ERE, en la denominada pieza política, y no en decenas de ocasiones, una por cada ayuda que aprobó para las empresas en crisis.

Esa decisión se suma a otros tres autos dictados en el mismo sentido respecto a dos ex altos cargos de la Junta , lo que puede provocar un «efecto dominó» respecto a los responsables públicos acusados, según varias fuentes judiciales. Así, se podrían archivar decenas de piezas en la que hay acusados altos cargos como concedentes de las ayudas públicas y también perceptores del dinero, algunos calificados como «víctimas» por la juez.

En los ERE se han llamado a declarar como acusados a todas las personas físicas o jurídicas «por el mero hecho de solicitar, entre los años 2000 y 2010, una ayuda sociolaboral o directa a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta», ha subrayado la magistrada.

Si se archivan las causas respecto a los responsables públicos, también se podría hacer lo mismo con las personas que recibieron las ayudas , por lo que el caso de los ERE se centraría en el juicio fijado para el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .

La cuestión jurídica es que si no hay causa contra los concedentes, tampoco la habría contra los perceptores del dinero, y se podrían archivar las distintas piezas abiertas.

Una de las piezas de los ERE cuyo juicio se mantendría sería la relativa al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo , al que -según la Fiscalía- dieron sin motivo 1,4 millones de euros en ayudas públicas de los ERE, parte de ellos destinados a cocaína y copas.