Conflicto Estado- Auitonomía
El Gobierno recurre el decreto de la Junta sobre revisión de precios de las obras públicas en Andalucía
Amenaza con llevarlo al Tribunal Constitucional como ya hizo con las medidas de simplificación sobre el que hubo acuerdo o con la Ley del Suelo que sigue negociando
El Parlamento de Andalucía da luz verde al decreto de revisión de precios de contratos de obra pública
Las obras de ampliación del Puente del Centenario, en Sevilla, estarían afectadas por la revisión de precios
La Secretaría de Estado de Política Territorial ha trasladado a la Junta objeciones a su decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios de los contratos públicos de obras que la Junta de Andalucía aprobó el pasado 12 ... de abril ante la crisis de precios y el incremento de la inflación debido a la guerra en Ucrania. Esta decisión obliga a la apertura de una mesa de negociación entre ambas administraciones para dirimir las diferencias a fin de evitar un recurso de inconstitucionalidad .
Se trata de una nueva objeción del Gobierno a una iniciativa legislativa de la Junta de Andalucía tras las que puso a los decretos de simplificación administrativa y a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía del Suelo (Lista) de diciembre de 2021. La primera culminó en acuerdo. La última sigue en negociación aunque la misma no afecta a la vigencia de la Ley.
En esta ocasión el Gobierno cree que el decreto de revisión de precios andaluz invade sus competencias al ampliar los supuestos del Real Decreto Ley de 1 de marzo que en el mismo sentido aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez .
Tres artículos
Concretamente las discrepancias se centran en los artículos 4, 5 y 9 del decreto andaluz . En un documento de objeciones de 14 folios, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial expone que la Junta ha excedido los supuestos de la norma estatal y la legislación vigente cuando admite aplicar la revisión de precios a los contratos con certificación en 2021 que hubieran terminado a la entrada en vigor del decreto ley estatal. El Ministerio aporta amplia jurisprudencia sobre el principio de riesgo y ventura que exige el cumplimiento de los pactos y condiciones acordados en los contratos, con independencia de las consecuencias que conlleven en el orden económico para el contratista o la Administración.
Considera el Ministerio que el Real Decreto del Gobierno no habilita para extender la revisión de precios a otros supuestos ni adoptar medidas más allá de lo previsto en su contenido. Tampoco para abrir la posibilidad de modificar los materiales acordados en la adjudicación sustituyéndolos por otros más económicos, como plantea el artículo 9 del decreto de la Junta, un supuesto no recogido en la normativa comunitaria ni en la Ley de Contratos del Sector Público .
La comisión bilateral ha decidido designar un grupo de trabajo que será el proponga a la Subcomisión de Seguimiento, Normativa, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda a fin de evitar un recurso al Tribunal Constitucional.
Fuentes del Gobierno andaluz en funciones consideran que hay margen para el acuerdo como ya se demostró en anteriores mesas bilaterales, si bien mostraron su preocupación por la reiteración de objeciones del Gobierno a sus decretos que, aunque no paraliza la acción del Gobierno, plantea dudas a los administrados.
El decreto ley de la Junta de Andalucía «mejora y complementa» al del Estado, según la Administración autónoma, al incorporar algunos sectores y desfases que habían advertido los empresarios del sector de la obra pública. El decreto de la Junta «mejora la cobertura de muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios –incluyendo los servicios de conservación de carreteras y edificios públicos– para no parar las obras y no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo», explicó en su día en un comunicado la Consejería de Fomento.
Entre otras mejoras ampliaba también el filtro de obras con derecho a revisión de precios, con la inclusión de todo tipo de materiales empleados más allá de los bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre a los que se ciñe la norma estatal. El decreto andaluz permite además la adhesión de entidades locales, universidades y suprimir las penalizaciones derivadas de retrasos vinculados a la falta de material.
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ya planteó en abril dudas sobre la constitucionalidad del decreto autonómico y advertía de que las medidas incluidas como ampliación no estaban justificadas ni siquiera mínimamente en el preámbulo del decreto.
La Diputación Permanente convalidó el decreto ley de revisión de precios el pasado 10 de mayo. La norma afecta a más de la mitad de las consejerías del Gobierno andaluz y prevé un impacto de 59 millones de euros, que podría elevarse según la evolución de índices en 2022 y 2023.
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