El Parlamento de Andalucía da luz verde al decreto de revisión de precios de contratos de obra pública

Ju an Aguilera, gerente de la patronal sevillana Gaesco, se ha congratulado de la aprobación del decreto en el Parlamento «porque muchos ayuntamientos y diputaciones estaban esperando esta convalidación para adherirse al mismo. Ahora se podrán actualizar los precios de obras que estaban paradas y de otras que estaban a punto de pararse». Aguilera ha calificado de «ejercicio de sensatez» la abstención del PSOE en la votación, «porque despeja muchas deudas que había en el alero y el temor a que el decreto pudiera recurrirse en el Tribunal Constitucional» tras el informe de la Asesoría Jurídica de la Junta sobre la posible invasión de competencias estatales.

El decreto nacional de revisión de contratos es aplicable a las obras adjudicadas por la Administración central y en el mismo se estipulaba que las comunidades autónomas que lo deseen pueden adherirse al mismo. El Gobierno presidido por Juanma Moreno aprobó un decreto de revisión de contratos de obra pública en el que se adhiere al nacional, aunque añadiendo peticiones del sector de la construcción.

El decreto andaluz, ahora convalidado por el Parlamento, indica que los ayuntamientos y diputaciones que quieran adherirse podrán hacerlo, pero hasta la fecha sólo el ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Córdoba lo han hecho. La Federación Andaluz de Municipios y Provincias (Famp) ha recomendado a sus ayuntamientos que se adhieran al decreto andaluz, que decaería de no aprobarse en el plazo de un mes en la Diputación Permanente del Parlamento. Por otra parte, e l presidente de la Famp, Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado que los ayuntamientos andaluces estarían dispuestos a cofinanciar el incremento de precios por el encarecimiento de los materiales siempre que la Junta de Andalucía participe aportando fondos.

El decreto andaluz incluye la revisión de precios de todos los materiales (la norma estatal sólo contempla cuatro) , las obras licitadas aunque aún no se hayan adjudicado, los contratos para mantenimiento de carreteras, los contratos de menos de un año, facilita el cambio de materiales en las obras e introduce la supresión de penalizaciones por retraso, lo que es baladí si son obras financiadas con fondos europeos y sujetas a estrictos plazos de ejecución.

La patronales Gaesco y Fadeco calculan que el alza del precio de los materiales encarecerá las obras públicas entre un 10 y un 20%. Teniendo en cuenta que el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las diputaciones, los ayuntamientos y universidades adjudicaron en 2021 en Andalucía obras por 2.797 millones de euros (datos de Ceacop), esa desviación presupuestaria estaría entre 290 y 559 millones de euros.

Sólo los ayuntamientos y diputaciones andaluces adjudicaron obras por 1.184 millones de euros, por lo que una subida de precios como la planteada podría suponer para esas administraciones un desembolso de entre 118 y 236 millones de euros.

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía calcula que sólo la revisión de sus obras podría suponer el erario público 60 millones de euros , a eso habría que añadir las obras de Medio Ambiente (depuradoras) o Educación (colegios e institutos), lo que alcanzaría los 100 millones de euros, según la consejera Marifrán Carazo.

La Asesoría Jurídica de la Junta de Andalucía ha elaborado un informe manifestando sus dudas sobre la legalidad de este decreto andaluz, al entender que podría invadir competencias estatales.