El Gobierno del PSOE no exigió justificar ayudas a la Faffe hasta perder las elecciones

«Quiero dejar claro que el informe del Gabinete Jurídico sobre la extinción del reintegro por confusión (entre acreedor y deudor) en los expedientes se cerraron por la imposibilidad de reintegrar, pero también es necesario determinar a dónde habían ido los fondos», ha sostenido el hoy alto cargo de la Consejería de Hacienda.

A preguntas del diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, sobre la solicitud de informes de la Consejería de Empleo y el rechazo del Gabinete Jurídico de la Junta, el director general de Contratación ha explicado que la solicitud se registró «un mes después de las elecciones (andaluzas) de 2018» para trasladar que «llegaron a la Asesoría Jurídica y se nos trasladaban en bloque expedientes y los devolvimos porque nos tienen que hacer preguntas concretas» y ha dado cuenta de «su estupor» por el hecho de recibir «expedientes en bloque sin que se nos planteasen preguntas concretas».

«Lo relevante es el análisis caso por caso para ver si las cantidades se destinaron al fin de las subvenciones o a otras finalidades distintas, pero dentro de las propias de las administraciones públicas», ha proseguido explicando Torres, quien ha invocado en este punto el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2016 , para indicar «que no hay menoscabo si, pese a que haya desplazamiento patrimonal, se hace de un ente público a otro».

«Quiero decir que siempre es fundamental el análisis de cada expediente sobre el destino de las cantidades», ha indicado el director general de Contratación, quien ha insistido en el «análisis expediente a expediente para determinar el destino de esos fondos».

«No estábamos tan apegados a la gestión como para saberlo», ha afirmado Torres en otro momento de su declaración, a preguntas de los grupos, sobre la apertura de diligencias previas por la Consejería de Empleo para conocer el destino de las ayudas concedidas.

«Es una cuestión compleja, dogmática, pero lo relevante es determinar el destino de esas cantidades, su análisis y concluir si las cantidades destinadas se destinaron a acciones formativas», ha reiterado Alejandro Torres durante una comparecencia que se ha prolongado durante dos horas.

El director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda ha empleado en numerosas ocasiones, a preguntas de los grupos, un «lo desconozco» sobre las distintas cuestiones planteadas por éstos como el número de diligencias previas para el control de subvenciones por la Consejería de Empleo, tras indicarle la diputada popular Ana Vanessa García que solo le constaban tres diligencias frente a 1.200 expedientes de gasto pendientes sin comprobar .

De igual forma ha respondido en relación a las revisiones de oficio emprendidas por Empleo, planteada por el diputado de Cs, Juan de Dios Sánchez, a quien ha replicado «desconozco el dato», mientras que, cuestionado por las atribuiones de la Intervención de la Junta de Andalucía o el propio Gabinete Jurídico en el control de legalidad de las subvenciones, ha señalado que esa facultad «es consustancial a la titularidad de la competencia» para dar la subvención, de manera que ello implica «supervisar si se cumple y si no iniciar el reintegro, y, si no, un expediente de revisión de oficio».

Tanto la representante del PSOE en la Comisión de la Faffe, Soledad Pérez , como el parlamentario de Unidas Podemos, han puesto el acento en el hecho de Alejandro Torres sea en la actualidad un alto cargo de la Administración autonómica, pese a que Ismael Sánchez ha reconocido «su imparcialidad, objetividad, buena fe, pero no podemos obviar que es director general de Contratación, un cargo político, un representante de la Junta de Andalucia, una etiqueta que no podemos obviar».

«Queremos saber qué información conoce usted para el esclarecimiento hechos, para detallar alguna cosa que sepa», le ha preguntado la diputada de Vox, Ángela Mulas, planteamiento al que Alejandro Torres ha respondido que «no es mi función impulsar el funcionamiento de la comisión ni tener una labor prospectiva».

Mulas ha preguntado por la extinción de derechos sobre el reintegro de las subvenciones concedidas a la Faffe por su absorción por el SAE en mayo de 2011, mientras que el director general de Contratación ha asegurado que «si la deuda surge después en el fondo el camino final es el mismo», para proseguir indicando que «el hecho de que no se puede reintegrar no es óbice para saber qué se ha hecho con las cantidades» , y apuntar que «recuerdo que en muchos casos las obligaciones incumplidas y su reintegro era de tipo formal», por lo que ha colegido que «lo relevante es separar el grano de la paja» tras sostener que en los expedientes «habrá de todo».

Cuestionado por la diputada de Vox sobre cuánto dinero se ha perdido en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Alejandro Torres ha señalado que «no lo sé» para trasladar que los integrantes del Gabinete Jurídico de la Junta «no tenemos funciones de fiscalización o de control» y esgrimir que «se deberían haber abierto diligencias previas».

Ángela Mulas ha sostenido sobre la comparecencia de Torres que «sus contestaciones son muy ambiguas» y ha considerado que «su testimonio era fundamental para esclarecer los hechos». «Probablemente, usted sepa más de lo que nos ha contado», ha remachado su turno de cierre.

La socialista Soledad Pérez ha preguntado al director general de Contratación si «expediente de reintegro no es lo mismo que fraude», ecuación a la que el director general de Contratación ha apuntado que «no, lógicamente».

Los portavoces del PP en la Comisión de la Faffe, Ana Vanessa García y Erik Domínguez, han anunciado este viernes que el PP ha pedido más documentación relacionada con los expedientes de reintegro de subvenciones otorgadas a la Faffe, que al acabar la legislatura anterior a scendían al menos a 150 millones con intereses de demora , toda vez que, «estamos constatando cómo el Gobierno socialista desplegó una estrategia para paralizar los reintegros y tapar así el escándalo que salpicaba a los máximos responsables de la Junta de Andalucía».