El Gobierno andaluz solicita la reunión del grupo de trabajo sobre financiación autonómica

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero andaluz de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano desde su cuenta de Twitter después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya d escartado reformar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura y anunciado que negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales.

«El Gobierno de la Junta de Andalucía va a solicitar la reunión urgente de Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica del Parlamento de Andalucía para reafirmar el acuerdo alcanzado en su seno», ha escrito Ramírez de Arellano desde la citada red social.

Previamente, el propio consejero había urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a abordar «a la mayor brevedad» y en una «discusión abierta a todos» un nuevo sistema de financiación autonómica «que supere las deficiencias del actual y que perjudica muy especialmente a Andalucía», y, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, se pronunciaba en contra de la posibilidad de abordar «cambios puntuales a través de una dinámica bilateral».

Además, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este miércoles que la forma «más transparente y más justa» para llevar a cabo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es el modelo de financiación autonómica, y ha confiado en que haya «sensibilidad» en el Gobierno de Pedro Sánchez para que Andalucía reciba los 4.000 millones de euros adicionales que requiere para poder financiar servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad o la dependencia.

Buscar una postura común desde Andalucía entre los partidos políticos al objeto de elevarla al debate estatal para negociar un nuevo modelo de financiación fue una iniciativa que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, impulsó en el mes de septiembre del pasado año, y que terminó deparando en la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz en el que intervinieron más de una veintena de expertos y agentes sociales , varios de ellos catedráticos de las universidades andaluzas.