Gaspar Zarrías, el primero en anunciar su recurso ante el Supremo en el caso ERE

Zarrías no fue el único condenado, pues de los 21 ex altos cargos de la Junta que se sentaron en el banquillo de los acusados durante un año de junio, 18 fueron condenados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , éste último con una pena de seis años y dos día de cárcel por un delito continuado de malversación.

En el escrito presentado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda ante la Sección Primera de la Audiencia , con fecha de 26 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico, expone los principales argumentos alegados frente lo que considera una sentencia contraria a Derecho, así como «gravemente perjudicial» para Zarrías.

Su defensa explica en su recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales como el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión; el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley ; a un proceso público con todas las garantías; y a la presunción de inocencia .

Durante el juicio, tanto el abogado de Zarrías como otras defensas ya expusieron la posible vulneración del derecho al juez natural predeterminado por Ley durante la instrucción de esta causa, ya que debía ser María Núñez Bolaños , actualmente de baja e inspeccionada por el Consejo General del Poder Judicial, y no su juez de apoyo, Álvaro Martín , pidiendo entonces la nulidad de su actuación. Esta petición, como cuestión previa, no fue aceptada por el tribunal.

La defensa del exconsejero de Presidencia considera infracción de ley por error en la apreciación de la prueba por « documentos que obran en autos y no resultan contradichos por otros ». Entre estos documentos apunta actas de sesiones del Consejo General de Viceconsejeros -denominados consejillos- y Consejos de Gobierno de distintos, algunos referentes a a la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos; así como un certificado de la Secretaría General Técnica de 2015 y comunicaciones remitidas por el Consejo de Gobierno al Parlamento andaluz entre los años 2000 y 2012, sobre la toma de conocimiento de la Cámara andaluza de las modificaciones presupuestarias.

Finalmente, la última justificación del recurso es la infracción de ley por aplicación indebida de preceptos penales u otras normas jurídicas que deben ser observadas. Ante todo ello, se ha reclamado que se emplacen a las partes para que comparezcan en la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), a la que habrá de remitirse toda la causa.