El «falso préstamo» que devuelve a Chaves y Zarrías al juzgado del caso ERE

Cuando están a punto de cumplirse nueve años de la apertura de las diligencias previas y dos semanas después de la condena de 19 ex altos cargos del socialismo andaluz por urdir un sistema «fraudulento» e «ilegal» de ayudas, el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana , ha abierto una nueva pieza separada contra el expresidente de la Junta Manuel Chaves y cinco exconsejeros más de su Gobierno en 1999: Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo . A excepción de Gutiérrez, exresponsable de Trabajo eIndustria, todos ellos fueron sentenciados en la pieza política, la única enjuiciada.

Mediante dos autos dictados ayer, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a 15 personas, diez de ellos ex altos cargos, por la supuesta «actuación defraudatoria de fondos públicos» que habrían perpetrado al conceder un «préstamo-puente» de 5,83 millones de euros (970 millones de pesetas) a Campocarne Andalucía S.A., antes denominada Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y Primayor. Los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El préstamo concedido el 29 de octubre de 1999 por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) era un anticipo de futuras ayudas y fue introducido «por la vía de urgencia» en la sesión del Consejo de Gobierno de la Junta del 9 de noviembre de 1999 para su autorización. Según destaca el juez, «la ratificación del mismo no fue enviada ni fue objeto de análisis alguno» en la reunión previa ni en la posterior de la comisión general de viceconsejeros el denominado consejillo, según consta en un expediente del Servicio de Secretariado del Consejo que da cuenta del acuerdo que implica a todo el Gobierno autonómico, publicado ayer por ABC, que estaba oculto hasta ahora y que la Junta remitió el lunes al juzgado.

La ayuda encubierta no contó con los informes preceptivos de la Intervención, el Gabinete Jurídico y la Dirección de Presupuestos. Se concedió después de que la Comisión Económica Europea declarara ilegales las subvenciones excepcionales concedidas en febrero de 1999.

La operación tiene todas las trazas de ser el precedente más antiguo del caso ERE. Una operación que nace en la cúpula del Gobierno y que acaba ejecutando un ente externo de la Junta, el IFA, para sortear los mecanismos de fiscalización del dinero gastado por las consejerías. El exconsejero de la Presidencia y mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías , firmó un acuerdo o «compromiso» con la empresa para concederle una subvención de 2,83 millones de euros (471 millones de pesetas) a modo de anticipo para crear empleo y reflotar la fábrica.

El citado convenio con su rúbrica, fechado el 2 de diciembre de 1999, como adelantó ABC, nunca llegó al tribunal que juzgó la pieza política. El director de la agencia IDEA, Julio Coca , lo envió un día antes de que se constituyera el nuevo Gobierno de coalición del PPy Cs. Están investigados también el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

Sospecha el juez que se trataba de un préstamo falso que «no habría existido nunca voluntad de devolución ni de cobro del mismo». Dejó un agujero de 3,7 millones en las cuentas de la agencia pública IDEA, antes denominada IFA. Es la cuantía pendiente de amortización del préstamo inicial de 5,8 millones. A través del mismo, «podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos».

De manera simultánea, según el Ministerio Fiscal, la Junta concedió ayudas sociolaborales para prejubilar a los extrabajadores de esta industria cárnica con gran peso económico en Jaén. Entre 1993 y 1997, la empresa recibió cuantiosas ayudas en forma de avales, préstamos , aportaciones de capital y condonación de deudas. Estas ayudas dieron lugar a un expediente por parte de la Comisión Europea y entre 1999 y 2000 el interventor de Empleo puso reparos a las mismas. Para burlar las objeciones, se articuló el sistema de los ERE.