El documento oculto que implica al Consejo de Gobierno de Chaves en el sistema del caso ERE

Se trata del expediente que avala un acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1999 por el que concedía un préstamo de 5,83 millones de euros (970 millones de pesetas) a Campocarne Andalucía S.A. para reflotar la industria cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), como «anticipo» a las subvenciones que luego le iba a dar la propia Junta.

El crédito otorgado a la fábrica de Jaén fue la única ayuda irregular que autorizó el Consejo de Gobierno. Las condiciones en las que se aprobó, sin los preceptivos informes, prueba que eran conscientes de su ilegalidad. Según ha podido saber ABC, no consta que el acuerdo pasara por la reunión preparatoria de viceconsejeros , el llamado consejillo. Se acordó liberar 5,83 millones de euros sin contar con los preceptivos informes de la Intervención y de la Asesoría Jurídica de la Junta, siguiendo el mismo esquema que luego se reprodujo en el caso ERE.

El fondo de los ERE nació precisamente como un atajo a los reparos que puso un interventor a las primeras subvenciones concedidas entre 1999 y 2000 a esta fábrica. Antes de que el Gobierno avalara la concesión de este préstamo, en febrero de 1999, la Comisión Europea ya había declarado ilegales otras ayudas que le había dado el Estado, lo que obligaba a buscar una salida con apariencia de legalidad para seguir financiando a la industria cárnica.

El préstamo fue un campo de pruebas para el sistema de los ERE que luego se institucionalizó entre 2000 y 2009 y supuso el reparto irregular de 679,4 millones de euros entre empresas. La Consejería de Empleo usaba un ente externo, el IFA, para pagar las ayudas que ésta concedía, lo que impedía a los interventores controlar su destino.

En el citado documento se ratificaba un acuerdo del consejo rector del IFA, luego reconvertido en la agencia IDEA, para conceder el préstamo-puente. El hombre de confianza de Chaves en su Gabinete y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías , fue el encargado de desarrollar el acuerdo del Consejo de Gobierno. La operación venía orquestada por la cúpula de la Junta. El 16 de enero de 1999, Chaves y Zarrías se reunieron con el comité de empresa de Hamsa en Jaén. La foto la publicó ABC. En la mesa negociadora están Chaves y enfrente el conseguidor de las ayudas de los ERE, Juan Lanzas , el interlocutor de los empleados ante la Junta.

Tras analizar la documentación, la Fiscalía Anticorrupción concluye que « el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado » y pide al juzgado que investiga el caso ERE que llame a declarar como investigados en una nueva causa a Chaves y Zarrías por su concesión.

La operación ha dejado un «agujero» de 3,7 millones de euros , que figuran como «deterioro» –su recuperación es inviable– en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los fondos de la agencia IDEA publicado en 2016, con Susana Díaz gobernando. La Fiscalía pide imputar a 15 personas, entre ellos otros cuatro consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

La maquinaria se puso en marcha con rapidez. El 2 de diciembre de 1999, Zarrías firmó un convenio con la empresa Campocarne, filial regional de Campofrío, por el que le anticipaba una subvención de 2,83 millones de euros (471 millones de pesetas) para crear 300 empleos en Hamsa. El exconsejero se comprometió a que se le pagaría meses después. Siguiendo la hoja de ruta trazada por el Consejo de Gobierno y luego por Zarrías, el 10 de marzo de 2000 el consejero de Trabajo e Industria, Guillermo Gutiérrez, ordenó el abono y estipuló que el préstamo de 5,83 millones sería amortizado con «cargo a subvenciones que la empresa debía recibir de la Junta».

Como publicó ABC, el documento del convenio nunca llegó al tribunal que sentenció a 19 ex altos cargos de la Junta , a diez de ellos con penas de cárcel, por prevaricación y malversación de fondos públicos.

El Ejecutivo de Susana Díaz no lo remitió a los jueces de la Audiencia de Sevilla cuando se lo requirieron, el 9 de febrero de 2018, como prueba para el juicio que acabó condenando a Zarrías a nueve años de inhabilitación como autor de un delito continuado de prevaricación. La misma pena se impuso a su jefe, Manuel Chaves.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), anunció ayer en un desayuno informativo que «mañana [por hoy] el Consejo de Gobierno va a acordar denunciar estos hechos ante la Justicia y la desaparición del convenio clave de los archivos del Consejo de Gobierno», en alusión a este acuerdo.

La Fiscalía concluye que «bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación».