Los funcionarios sólo tendrán que fichar... a medias

Esta ha sido la solución que el Gobierno de Susana Díaz ha encontrado para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a establecer una jornada de 37,5 horas y que María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública , acordó este lunes con los sindicatos de la función pública, UGT, Comisiones Obreras y Csif.

Si bien esta novedosa fórmula será de aplicación inmediata, como lo es la sentencia del alto tribunal, no lo serán tanto estas herramientas informáticas, de momento un concepto muy vago y sin fecha de implantación. Pero los sindicatos están muy satisfechos y el Gobierno andaluz considera que con esta solución da respuesta a una demanda histórica de los sindicatos que pedían que el tiempo de formación o de trabajo en casa, sobre todo de los docentes, se computase como jornada laboral. Es más, pedían que la formación de los funcionarios fuese sólo en la jornada laboral, lo que va a suceder en el futuro inmediato.

El Ejecutivo andaluz se había negado hasta ahora «por su alto coste» pero ahora parece que las cosas han cambiado y por ello Montero se apresuró a explicar ayer que no va a suponer coste alguno y que los 7.000 contratos, sobre todo en sanidad y educación, se van a mantener. Es más, la consejera se felicita por esta medida porque «permitirá la mejor conciliación entre la vida familiar y laboral para los funcionarios andaluces, la mayoría de ellos mujeres».

Sin embargo, toda esta rocambolesca salida de la Junta para llevarse un triunfo político sobre la jornada laboral de los funcionarios puede ser bastante breve. En primer lugar porque el Gobierno central está negociando la implantación de las 35 horas para toda España, lo que sucederá cuando se pacten los Presupuestos Generales del Estado de momento, sin fecha.

Pero, sobre todo porque hay dudas sobre la legalidad de este decreto que este martes aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta. El Gabinete jurídico y los letrados de los sindicatos lo han estudiado meticulosamente pero la realidad es que la jornada de trabajo presencial de los funcionarios públicos andaluces va a seguir siendo igual que antes de la sentencia del TC que obliga a realizar 2,5 horas más a la semana.

María Jesús Montero trataba de tomar ventaja política , «el Gobierno central no tiene ningún elemento al que agarrarse para impugnar el acuerdo; en algunos sitios ya se hace como en AENA que tienen media hora de cortesía para los trabajadores que lleguen antes». Eso además de defender la autonomía de las comunidades para organizar la jornada laboral de su personal.