El exministro moroso Bernat Soria alega que donó bienes a sus hijas antes del embargo por «tradición» en su pueblo

Bernat Soria ha comparecido ante la juez titular de Instrucción número 6 de Servilla, María Núñez Bolaños, que lo investiga por supuesta frustración de la ejecución de la citada sentencia o alzamiento de bienes. El exministro 'moroso' ha eludido hasta ahora el pago de una deuda de medio millón de euros que le reclama la sociedad mercantil Vegetal Green S.L., que compró los derechos de cobro de un préstamo concedido el 19 de julio de 2016 por otra empresa, Bula Investment Company S.L., a Newbiotechnic S.A., una mercantil propiedad de Soria que estaba acuciada por las deudas después de recibir cuantiosas ayudas públicas.

Durante su declaración, que se ha prolongado durante unos veinte minutos, el exministro ha explicado que en su pueblo valenciano, Carlet, es «tradición» que cuando se va a jubilar un padre de familia done todos sus bienes a sus hijas. Ha apostillado que su padre lo hizo cuando se jubiló y él ha seguido con esta costumbre muy asentada en su localidad. Sus dos hijas, Barbara y Aitana Soria, que también están investigadas , han ratificado versión de su padre en sus declaraciones por videoconferencia ante el juzgado. Una de ellas lo hizo conectada desde Ginebra, en Suiza, y otra desde Madrid.

Según indicaron las fuentes del caso, Bernat Soria no ha reconocido la citada deuda que se le reclama por vía judicial. Ha defendido que dicha deuda no existe porque los 400.000 euros salieron, no de las cuentas de Bula Investment Company S.L. sino de las de cuentas de Newbiotechnic S.A. La primera actuaba como un socio inversor de la segunda, pero dicho préstamo, del que Soria era garante, no fue de devuelto nunca. La defensa del principal investigado ha declinado hacer declaraciones tras su citación judicial.

En vista de que Soria contestaba « con evasivas y falsas promesas « de pago a los continuos requerimientos para que devolviera el dinero prestado (520.000 euros con los intereses de demora), según indica el querellante en su denuncia, se le planteó un pleito.

El resultado fue insatisfactorio para Soria. El Juzgado de Primera Instancia 27 de Sevilla lo condenó a pagar, de forma solidaria, la deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic . La sorpresa viene cuando la sociedad que adquirió el derecho de cobro de la deuda pidió la ejecución de la sentencia . El exministro no podía hacer frente a la misma con su patrimonio porque había sido donado a sus hijas poco antes. 

«El querellado con la colaboración de sus hijas, queda totalmente insolvente sin poseer actualmente patrimonio alguno», lo que frustra «cualquier tipo de ejecución» de la resolución, argumentaba en su querella el abogado de la empresa reclamante, Vegetal Green S.L., Pedro María Mancera .

En su declaración judicial, el exministro ha reconocido que le notificaron requerimientos para la devolución del dinero prestado, pero considera que no le correspondía reintegrarlo. A principios de septiembre de 2019, después de que Vegetal Green S.L. le reclamara «agresivamente» el abono de la deuda , Soria acudió a un notario para poner todos sus bienes a nombre de sus hijas mediante una donación, reservándose el usufructo de los mismos.

En concreto, según reza en la querella que ha dado lugar a este procedimiento, el exministro de Sanidad donó el 100% de un inmueble situado en la calle Mendoza Ríos de Sevilla a sus dos hijas y se reserva el usufructo vitalicio. También les traspasa un inmueble y un garaje en la calle Almadraba de El Campello, en Alicante, así como el 50% de la titularidad de su vivienda familiar situada en la urbanización Los Torreones de la playa de San Juan en la capital alicantina.

Actualmente, Soria tiene embargados el usufructo de los citados bienes, 2.413,25 euros que figuraban en una de sus cuentas corrientes , «ya que todas las cuentas habían sido vaciadas justo antes de la ejecución», según el querellante. Además, tiene embargada parcialmente su pensión de jubilación , donde mensualmente sólo se le retienen 859,16.

Dicha cantidad representa una minucia comparada con la retribución anual de 170.000 euros que le pagaba la Junta de Andalucía hasta que lo despidió en mayo de 2019 tras la llegada del Ejecutivo del PP y Ciudadanos. Los motivos eran que el exministro había estado compaginando sus negocios privados en dos empresas con el contrato de alta dirección y cláusula de exclusividad que mantenía desde hacía una década con la Fundación Progreso y Salud de la Administración autonómica.