Los exconsejeros Viera y Fernández tendrán que declarar ante la juez Núñez por otra ayuda de los ERE

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda llamar al procedimiento en calidad de investigados a los exconsejeros, al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas , al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y a otras tres personas relacionadas con esta ayuda.

La juez entiende que los hechos investigados «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal » y explica que lo que se indaga es el ERE 1/2000 acometido en esta empresa, el procedimiento seguido para la solicitud y autorización del ERE, así como la contratación por parte de Yogan de una póliza de seguros para la prejubilación de 54 trabajadores .

Al hilo, precisa que la póliza se firmó el 31 de enero de 2001, figurando como tomador la propia empresa y como beneficiarios cada uno de los trabajadores afectados, de manera que la empresa Capsa (Central Lechera Asturiana) abonó 1,8 millones del primer pago de la póliza de rentas y, en fecha de 30 de abril de 2001, la Junta pagó a través de una ayuda al ERE la cantidad de 6,3 millones.

En el auto consultado por Europa Press, y además de citar como investigadas a las personas referidas, la instructora requiere a la Junta para que, « no constando expedientes o documentación de expedientes», aporte «el expediente, incluido el de reintegro si procede», y libra oficio a la Intervención General de la Junta para que emita informe sobre la «idoneidad legal y el procedimiento contable».

Asimismo, libra oficio a la Dirección General de Seguros a fin de que emita el pertinente informe relacionado con la ayuda concedida a Yogures Andaluces, acordando además librar oficio a la Guardia Civil para que notifique «de inmediato» el auto a las personas que cita como investigadas que no se encuentran personadas en el caso ERE.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez que citara a declarar como investigados a los exconsejeros y al resto de personas aludidas e interesó que, una vez dictado el auto acordando lo solicitado, «sea inmediatamente notificado personalmente, a través de la Guardia Civil, a los investigados, con la finalidad de evitar el riesgo de prescripción, habida cuenta de la fecha en la que se produjo el último pago de la ayuda por parte de la Junta de Andalucía».

La Fiscalía realizó esta petición una vez el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil ha presentado su atestado sobre las ayudas recibidas por Yogures Andaluces S.A..

De su lado, el exconsejero Antonio Fernández ha recurrido el auto dictado por la juez en un escrito donde vuelve a manifestar que, tras haber sido procesado en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas, «no puede ser investigado, ni acusado, ni enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento».