Tres jueces del caso ERE, contra la tesis de la Junta

Prueba de ello es el escrito de calificación presentado la pasada semana por los abogados de la Junta de Andalucía en el que niega la existencia de una «trama criminal» y que se creara un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

La Junta ha pedido el sobreseimiento del sumario de la pieza principal al faltar en ella la cuantificación de los importes defraudados y la ausencia concreta de quienes se han lucrado indebidamente, «lo que nos llevaría a formular una acusación incompleta» —explican los letrados de la Junta—por lo que prefieren concretar en la «instrucción y posterior calificación de los hechos objeto de averiguación en las otras piezas desgajadas de la causa principal, dado que formar acusación por tales hechos en la presente pieza impediría formular acusación por los mismos hechos en las demás diligencias».

Los mismos abogados sí han solicitado pena de prisión de seis años para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández en la pieza de la ayuda sociolaboral a la empresa Acyco. Es la primera que se realiza por la representación de la Junta, que como Administración ha negado siempre la vinculación de sus ex altos cargos con el fraude, incluso en la comisión de investigación parlamentaria celebrada en 2012.

Todo apunta a una estrategia de la representación legal de la Junta para orillar la pieza política y centrar la acusación en aquellas otras que hagan referencia a expedientes de regulación de empleo en los que aparezcan intrusos. La cuestión es desgastar la pieza política que cerca a los que fueron máximas autoridades de la Junta para rebatir la existencia de un sistema regulado por la propia Administración para sacar fuera del control de la Intervención las subvenciones de la Consejería de Empleo.

Pero la estrategia jurídica de la Junta choca con un hecho relevante: los tres jueces que han tenido que realizar conclusiones sobre lo investigado coinciden en las responsabilidades de los políticos vinculados al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cuando decidió abrir la investigación tras descubrir irregularidades en la concesión de un EREen Mercasevilla, siempre sospechó que el origen de las irregularidades estaba en un modelo de gestión diseñado por el Gobierno andaluz para desviar fondos de las consejerías a organismos de la Administración paralela mediante transferencias a fin de tener más margen para otorgar en función de sus intereses las subvenciones. Es más, su teoría es que el sistema es el hilo conductor de todas las macrocausas:ERE, Formación, Invercaria...

En la exposición razonada que la juez Alaya elevó al Tribuna Supremo al investigar a cargos por aquel entonces aforados, estima que los responsables de la Junta de Andalucía promovieron una «subversión del ordenamiento jurídico» para repartir las ayudas sociolaborales entre el entorno de «los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz».

Esta teoría no es sólo un planteamiento de Alaya. El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro en el suplicatorio que remitió al Congreso de los Diputados para proceder contra los imputados aforados —entonces, los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros Zarrías y Viera — consideró que «se opone a las reglas de la lógica» que viceconsejeros y directores generales conocieran las irregularidades y no los integrantes del Consejo de Gobierno de la Junta. El juez considera que los altos cargos conocían el sistema de las ayudas irregulares y «contribuyeron a materializarlo a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales. Los imputados —añadió este juez reproduciendo las palabras del interventor general de la Junta— «cebaron la partida de los ERE» a sabiendas de su legalidad.

Un tercer magistrado coincide en ese análisis. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, en quien la titular María Núñez Bolaños delegó la instrucción de la pieza principal una vez dividida la macrocausa, es contundente en su auto de procedimiento abreviado. Martín resume en un párrafo la teoría de la confabulación de los altos cargos de la Junta. «Todos ellos, concertando sus actuaciones de un modo expreso tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento o funcionamiento del denominado procedimiento específico» que permitieron conceder las ayudas irregulares.

El último «juez de los ERE» explica en su auto que un sistema que se mantuvo durante más de una década precisó de dos condiciones necesarias. La primera que se dotara de los fondos públicos precisos para su discrecional o arbitraria distribución y, segundo, que no se atendieran los avisos de irregularidad del sistema y se omitiesen las medidas para terminar con el mismo.

La Junta pues se queda sola en su tesis de que no puede acusar a los ex altos cargos, en una estrategia más dirigida a torpedear que avance la pieza principal que a salvar a todos los exaltos cargos —no hay problemas en acusar a exconsejeros en otras piezas—, una estrategia dirigida a evitar que el próximo año los fotógrafos capten la imagen de dos expresidentes en el banquillo. Una estrategia que se atisba en alguna declaración de la defensa de Griñán en la que niega incluso las competencias a Martín para elevar el caso a la Audiencia. Pero las conclusiones son rotundas: Tres a uno. Tras jueces frente a una acusación que no lo parece.