Empresarios alertan de una «treta» de la Junta de Andalucía para salvar a Chaves y Griñán en los ERE

Según esta acusación de la administración andaluza, los responsables de restaurar el quebranto económico causado son exclusivamente los receptores del dinero. Pero estos empresarios no han tardado en reaccionar y han presentado un escrito ante dicho Tribunal en el que alertan, sin complejos, de la «jibarización del pretendido alcance contable » y aseguran que esta jugada es un «forzado dribling para no reclamar directamente a quienes deben ser llamados».

Es más, estos empresarios sostienen que la denuncia de la administración ante el Tribunal de Cuentas está relacionada con «lo comprometido o embarazoso que sospechamos pueda resultarle a la Junta señalar como responsables directos de su reclamación , que sin duda lo son, a los responsables de un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio y perteneciente al gobierno andaluz», lo que supone, además, « renunciar indebidamente a demandar a quien está llamado a responder de forma directa», es decir, a los políticos que están procesados por este escándalo.

La Junta basa su denuncia en que los receptores de determinadas ayudas tenían relación personal directa con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , que las otorgó. Pero los empresarios responden que «sobre la relación personal entre el concedente y la empresa, tendrá que probar adecuadamente la demandante tal sarta de consideraciones, es decir, que la exclusiva causa de la concesión de las subvenciones fuera la especial relación personal», ya que con esta afirmación « se desprecia groseramente el derecho a la presunción de inocencia y dignidad» de los denunciados, que consideran preciso «traer a este procedimiento el conocimiento de la condición procesal, no de investigados, sino ya de procesados, de un buen número de cargos públicos de la Junta de Andalucía respecto de los que se les responsabiliza de haber instaurado y mantenido un sistema presuntamente prevaricador y malversador de concesión de ayudas».

Los empresarios subrayan que si la responsabilidad contable para la restauración del daño económico causado se le deriva sólo a ellos, la Junta incurre en una denuncia « sospechosamente defectuosa y dudamos que se ejercite , tan solo y principalmente, en defensa de los derechos económicos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, pudiendo constituir más bien un forzado dribling para no reclamar directamente a quienes realmente deben ser llamados a atender las responsabilidades que pudieran derivarse de un cuestionado procedimiento de concesión y pago de ayudas, pretendiéndose que de forma subsidiaria lo hagan» los receptores del dinero, que en todo caso se ajustaron a las exigencias que en su momento les impuso la propia administración pública para poder obtener las subvenciones.

Según los empresarios, esta «treta» es «especialmente lacerante cuando evitando la llamada al proceso de todos los posibles responsables directos, se pretende que la responsabilidad del reintegro recaiga sobre los subsidiarios, con lo que se estaría perjudicando de esta manera a quienes en segunda línea de responsabilidad se encuentran».

De hecho, es la propia investigación penal llevada a cabo hasta ahora la que ha confirmado que fue la Agencia Idea la que dio un destino indebido a los fondos, razón por la que se sentarán en el banquillos los dos citados expresidentes y consejeros del gobierno como José Antonio Viera y Gaspar Zarrías , entre otros.

Lo que defienden los beneficiarios de aquellas ayudas es que a ellos se les podrá «fijar su responsabilidad subsidiaria de todo o parte de cuanto se les pagó, pero para ello habrá que enjuiciarse a un tiempo a quien les pagó, que fue Idea», ya que ellos eran «totalmente ajenos a toda la tramoya presupuestaria y de gestón de los fondos que recibió y, sin embargo, se les pretende colgar una responsabilidad que en primera instancia trae causa de una al menos aparente deficiente administración de fondos públicos, llamando poderosamente la atención que no se preocupe la demandante, o más bien se despreocupe inopinadamente, de exigir a quienes están identificados como responsables de los procedimientos a través de los que se encauzó esa defectuosa administración de fondos».

En definitiva, los empresarios alertan de que la Junta « esconde la indisimulada treta de evitar posicionar en primer plano» a sus altos cargos políticos en la exigencia de la responsabilidad contable y devolución de las indemnizaciones con el único objetivo de «eludir su posible falta de acción para demandar».