La elección del nuevo interventor del Parlamento de Andalucía crea discordia

La Mesa del Parlamento, con los votos a favor de los diputados de Ciudadanos y PP, adjudicó la plaza a Manuela Moro García . Esta funcionaria, que era interventora accidental en el Ayuntamiento onubense de La Palma del Condado, se hizo con el codiciado puesto –sólo el complemento específico que cobra es de 41.322,82 euros– frente a otra decena de interventores y auditores con más dilatada experiencia y currículum.

Tres de los aspirantes presentaron recursos de reposición contra el proceso selectivo, que han sido desestimados por la Cámara. El que fuera interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez fue uno de los candidatos que impugnó el acuerdo de la Mesa del Parlamento. Denunció que la inclusión de una ronda de entrevistas para comprobar el mérito y capacidad de los aspirantes constituía en realidad «un paripé», al tiempo que apuntaba posibles lazos de amistad entre la nueva interventora y uno de los diputados de Cs que votó a favor de su designación.

En su respuesta al recurso, la Mesa del Parlamento rechaza estos y otros argumentos de Gómez reduciéndolos a «meras suspicacias y sospechas sin la más mínima base fáctica». El exinterventor general fue absuelto en noviembre en el juicio de la pieza política del caso ERE que condenó a dos expresidentes y 17 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía.

La Mesa del Parlamento consideró a Manuela Moro «la persona más idónea», «debido a la confianza que se aprecia que ha generado a la Mesa de la Cámara», según recogió al acuerdo.

En su recurso, el exinterventor general relata que durante la entrevista sólo le hicieron una pregunta: «¿Cuáles son las razones por las que ha solicitado usted el puesto?» . «Este singular y sucinto contenido de la entrevista y la notoria impaciencia con que la presidenta del Parlamento [Marta Bosquet, de Cs] que dirigía aquel extraño acto decidió despacharla, me convencieron de haber asistido a lo que coloquialmente se podría denominar como un paripé, cuya finalidad tardaríamos aún unos meses en conocer».

Gómez asegura que, tras un cambio de criterio respecto a la semana anterior, el letrado mayor propuso nombrar a la Sra. Moro, quien «no reúne los requisitos previstos en la convocatoria, ya que no ha aportado experiencia en gestión económica», un argumento que la Mesa del Parlamento descarta en la resolución que firma el letrado mayor. El órgano rector de la institución añade que «se limitó a hacer uso de su potestad discrecional» para elegir a la persona idónea y negó que la tardanza del proceso obedeciera a «razones espúreas».

El recurrente, que indicó que reunía mejores méritos que la elegida, pidió también una serie de pruebas para comprobar si «mantenía una relación de amistad» con el diputado Julio Díaz (Cs). La Mesa del Parlamento rechazó practicar estas pruebas alegando que «ni la relación personal o profesional» por coincidir en el Ayuntamiento de La Palma del Condado ni la «inclusión como amigo en una red social» son hechos de los que «se pueda deducir, sin más, una relación de amistad susceptible de viciar el procedimiento». Por último, le reprocha al recurrente que en ningún momento recusara a este miembro de la Mesa del Parlamento.