Doñana y el hombre: de la búsqueda del equilibrio a la frustración

Desde la declaración de Doñana como Parque Nacional en 1969 y la Ley de Doñana (1978), que amplía el área declarada inicialmente de 29.225 hectáreas a 50.720 y configura nuevos criterios en materia de conservación, y la consecución del diploma de Reserva de la Biosfera (1980), se han sucedido los intentos por regular la convivencia hombre-medio desde el concepto de desarrollo sostenible, aunque siempre –o salvo algún intento marcado por el fracaso-, sin la participación de los agentes socioeconómicos de la zona, los principales interesados y afectados por las normativas que se han aplicado a este territorio. En 1992 se publica el Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana, que pretendía abordar de una manera transversal los problemas que acuciaban a la comarca y darles solución aportando una batería de medidas, más bienintencionadas que efectivas: pocas tuvieron aplicación real.

Las recomendaciones del dictamen de expertos, unidas al «V Programa de Medio Ambiente hacia un Desarrollo Sostenible» de la Unión Europea, dieron lugar a la redacción del I Plan Sostenible del Entorno de Doñana en 1993, que recogía entre otras la creación del Parque Dunar, un equipamiento que costó 20 millones de euros y que permanece cerrado en su mayor parte desde 2011. Tampoco han sobrevivido Formades, ni la Mancomunidad de Municipios y la Fundación Doñana 21, ente creado por la Junta de Andalucía para velar por el cumplimiento del plan, redujo en 2012 su plantilla en un 60%.

En 2005 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda la formulación de un segundo plan, que no vería la luz hasta el año 2010 y que viene a señalar, en muchos de los casos, las mismas carencias y medidas correctoras que el dictamen de expertos de 1992.

Conforme se iban desarrollando los proyectos planteados por la administración de espaldas a una ciudadanía cada vez más ajena a los procesos de toma de decisiones, la creciente regulación administrativa del espacio natural, de un marcado carácter conservacionista, ha ido limitando poco a poco el acceso al interior de un espacio cada vez más encapsulado.

En nuestros días, las administraciones competentes en el entorno se afanan en la resolución de los problemas que acucian a los diferentes sectores: dotar de agua superficial al sector agrícola, renovar los equipamientos turísticos de un destino maduro como Matalascañas o la ejecución de infraestructuras de comunicación que conecten el núcleo costero de forma eficiente con el resto de la provincia. También solventar los problemas que afectan a la ganadería tradicional o la necesidad que tiene la romería del Rocío de abrir nuevos caminos para un cada vez mayor número de peregrinos.

Mejor suerte parece haber corrido el proyecto de almacenamiento de gas emprendido por Gas Natural, que sí ha obtenido los permisos necesarios para realizar esta actividad industrial en el corazón del parque, generando el rechazo de los colectivos ecologistas y la incredulidad de la sociedad en general y la de la comarca en particular, una sociedad que siente un profundo amor por un entorno natural privilegiado pero que al mismo tiempo experimenta un sentimiento de frustración y desafección ante las cortapisas impuestas y la falta de un diálogo abierto y equilibrado entre la necesidad de progresar y la exigencia de preservar el patrimonio natural de las generaciones venideras.