Desesperación en los juzgados por el fracaso del «papel cero»

El objetivo «papel cero», vigente en los juzgados españoles desde el pasado 1 de enero, se estableció en la Ley 18/2011, aprobada por consenso de todo los grupos políticos bajo el mandato del Gobierno de José Rodríguez Zapatero. La norma daba un plazo de cinco años para aplicar la gestión informatizada en los juzgados. El plazo se cumplía en julio de este año. No obstante, el Ministerio de Justicia decidió en 2015 adelantar el objetivo al 1 de enero.

El adelanto «precipitado» del objetivo es la excusa que plantea la Junta de Andalucía, con competencias plenas en materia de Justicia, para explicar el caos que reina ac tualmente en los juzgados andaluces. El propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, califica la decisión de Rafael Catalá como una «manía» del ministro. «El papel cero era para haberlo hecho planificada y progresivamente, no de golpe y de manera sorpresiva» sostiene Llera.

Desde el Gobierno central se replica que la Junta conocía el plazo desde febrero de 2015 y que la herramienta principal para la gestión informatizada en Justicia, el sistema Lexnet, funciona desde 2004 y desde entonces ha gestionado más de 200 millones de notificaciones y tres millones de escritos.

El ministerio va a más y esgrime los datos de enero para considerar un éxito la implantación del sistema: Lexnet ha tramitado en un mes en España 4,7 de comunicaciones judiciales informáticas, generando un ahorro estimado en 28,6 millones de euros. Aunque también registró 2.500 incidencias.

¿Faltan medios técnicos? En julio del pasado año ministro y consejero firmaron en Sevilla un convenio para, entre otros objetivos, favorecer la implantación del «papel cero» en los juzgados. Con el acuerdo l a Junta accedió a un crédito de 1,46 millones de euros para mejorar la digitalización de los sistemas de gestión procesal. El convenio permitía, no obstante, dirigir esa partida a otros objetivos como la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita, concepto al que dedicó la Junta esa inyección de dinero. Tampoco la Junta tiene una partida específica para modernización de sus sistemas informáticos, una necesidad que la propia consejería calcula en unos 12 millones de euros.

Con prisas y sin inversión, el «papel cero» es una utopía en muchos juzgados que carecen de los medios necesarios. No obstante no es sólo una cuestión de falta de medios. El problema se complica además por las incompatibilidades encontradas entre el sistema Lexnet y el servidor informático principal de la Junta, Adriano, y la falta de coordinación del sistema andaluz con el de otras administraciones. La Junta admite que no ha tenido tiempo para interconectar todos los sistemas y dar la formación necesaria a todo el personal.

Tampoco puede ceñirse el conflicto a un asunto exclusivo de inversión y tecnología. El sistema se ha implantado inicialmente para las notificaciones y la presentación de documentos pero no para la gestión de esa documentación. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, advierte que el Ministerio no calculó que no existe un «expediente digital»propiamente dicho y que, por tanto, debería haberse preparado antes un «plan de procedimiento digital» y hacerlo compatible con los documentos que, vía telemática, se reciban en lenguaje informático.

La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha planteado la necesidad de suspender la aplicación del objetivo o aceptar una moratoria a la obligación que tiene los profesionales de presentar vía digital sus escritos. El Consejo Andaluz de Procuradores también ha solicitado la moratoria por los múltiples defectos del sistema.

Tras un caótico enero, todo apunta a que el adelanto del objetivo ha sido una temeridad, a la vista de las consecuencias que está teniendo en los juzgados, la primera: incrementar la demora en la tramitación.

En el juzgado decano de Coria del Río (Sevilla)se ha ordenado la entrega de escritos ante la imposibilidad de tramitar los expedientes por vía telemática. En un escrito informa a los procuradores de cómo un técnico informático de la Delegación de Justicia que visitó la sede informó de que hay una «disfunción» entre las aplicaciones Lexnet y Adriano, «que no sabe explicar, ni desde luego arreglar». En ese juzgado había entonces 58 escritos de demanda sin repartir. El juez solicita la presentación de los escritos en formato físico para que «el atasco de en el reparto e incoación de las demandas no vaya a más y llegue a ser en unos días ingobernable, todo ello en beneficio de los ciudadanos de este partido judicial que ninguna culpa tiene de la improvisación y de la falta de medios y de formación que la Administración ha demostrado».

Los juzgados por lo general optan por no abrir los buzones digitales y no imprimir las comunicaciones que se reciben, poco ha cambiado, por tanto, en relación al método de trabajo de hace unos meses.

Pero sin directrices que unifiquen criterios, cada juzgado resuelve según sus circunstancias. Así algún juez ya ha apercibido de «inadmisión» de demandas que habiéndose presentado en formato digital no se acompañen de una copia en papel, ya que el juzgado carece de los medios técnicos necesarios para tramitar el «expediente digital».

En Marbella, el juez decano Ángel Sánchez, también ha dictado un acuerdo alertando a los abogados y procuradores de que lleven las demandas físicas además de mandarlas por Lexnet.

Juan Antonio Luque, delegado del Sindicato de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga, enumera los tres grandes males del sistema: «no se ha formado a la plantilla, su capacidad —de envío— es limitada y no se ha conectado a la Fiscalía». Luque considera que está «deslavazado» y pone como ejemplo que en las salas «no hay ordenadores». «¿Cómo va a tener acceso el juez al expediente?», se pregunta.

Cada juzgado está intentando solucionar los problemas en función de los medios de que dispone. Así el de primera instancia número 22 de Sevilla no tramita nada en papel, siendo uno de los que se ha adaptado a la norma. Entretanto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, habilitada para la recepción de escritos vía Lexnet para los procuradores de toda España, calcula que el sistema no estará operativo hasta marzo, por lo que requiere la presentación de los trámites ya iniciados en papel.