Las denuncias por las subastas de medicamentos llegan al Ministerio

La presidenta de la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia (Cenofar), Alexia Lario; la presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán), Teresa Martín; su vicepresidente, Joaquín Gálvez, y el secretario de la misma, José Gabriel López, integraron la delegación de profesionales que mantuvieron una reunión con altos cargos del Ministerio de Sanidad, como el director general de Farmacia, Agustín Rivero, y el subdirector general de Calidad de Medicamentos, Carlos Lens.

Según informó a ABC Teresa Martín, el encuentro tuvo por objeto trasladar a los representantes del Gobierno central las consecuencias negativas que están teniendo las subastas de medicinas que desde hace años realiza el SAS con la intención de ahorrar costes.

La presidenta de Afarán señaló que las principales preocupaciones son el desabastecimiento, «algo que es intolerable». y la desprotección de los pacientes. Señaló que de los 14.000 medicamentos que se pueden dispensar por el Sistema Nacional de Salud, en Andalucía s ólo se pueden suministrar con arreglo a las subastas 400, «de niveles de desabastecimiento ya vamos por el 65%».

Según Afarán, «los laboratorios seleccionados no son capaces de cumplir con el volumen que le exige el mercado, con las consecuencias nefastas para el paciente de continuos cambios en sus medicaciones». Una circunstancia, además, que provoca falta de adherencia a los tratamientos.

Teresa Martín señaló que los representantes del Ministerio tomaron nota de las quejas presentadas y anunciaron que serían trasladadas al equipo jurídico del departamento, con la idea de adoptar nuevas medidas, después de haberse recurrido al Tribunal Constitucional.

Y es que las subastas de medicamentos, que han sido impugnadas de forma sistemática tanto por el Gobierno central como por diferentes colectivos profesionales, han contado hasta el momento con el aval de los tribunales de justicia al no haber visto en la medida invasión de competencias.

Sin embargo, asociaciones de farmacéuticos como Cenofar y Afarán no cejan en su empeño de poner de manifiesto las secuelas de las pujas, principalmente por considerar que los pacientes andaluces sufren una discriminación en relación con los del resto de España.

Recientemente también, amabas organizaciones elevaron las denuncias a la institución del Defensor del Pueblo, manteniendo una entrevista con su titular, Soledad Becerril.

Afarán trasladó a los altos cargos del Ministerio las dudas sobre el supuesto ahorro económico que están provocando las subastas. De hecho, en marzo del pasado año, y en el transcurso de una mesa redonda celebrada en Sevilla, el subdirector general de Calidad de Medicamentos del Ministerio de Sanidad, Carlos Lens, puso en duda que las subastas de medicamentos generen ahorro «en sentido estricto», aunque sí producen «ingresos extras para la Junta por la rebaja de precios» de los laboratorios y en cualquier caso indicó que no tienen «amparo legal suficiente ni en la Constitución ni en la legislación farmacéutica», de ahí que se hayan interpuesto los correspondientes recursos.

«Las consecuencias –dijo– las sufren los andaluces, y si tenemos una magnífica prestación farmacéutica hay que defenderla y ponerla en riesgo con este tipo de iniciativas no nos parece lo más acertado».