El Defensor del Pueblo Andaluz reclama un sistema integral de acogida para colectivos vulnerables

Tras la entrega del Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo Andaluz a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, Maeztu ha reivindicado la construcción de un «verdadero sistema de protección» para los colectivos que necesitan de una ayuda pública, y ha puesto como ejemplo las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados, o las personas que padecen una enfermedad mental.

«Estos colectivos vulnerables necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado que les marque un itinerario hacia la inclusión», ha señalado el Defensor, según se indica en un comunicado.

Estas necesidades se han visto identificadas en el balance realizado por el Defensor del Pueblo andaluz en el Informe Anual 2020, en el que la institución ha vuelto a superar sus registros históricos. En 2020 fueron 29.823 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 12.573 quejas, de las que 8.752 fueron nuevas (8.665 a instancia de parte y 87 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 16.828 consultas, y 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etcétera). En total, fueron 35.146 personas las que requirieron en 2020 la intervención de este comisionado parlamentario.

El Defensor del Pueblo ha indicado que el diseño de un sistema de protección público es una de las lecciones que ha extraído de un año «que no debemos olvidar, para aprender de sus errores». Maeztu ha destacado la urgencia de un reforzamiento de los servicios públicos. «Si una lección nos va a dejar esta pandemia, que es una crisis sanitaria, es la necesidad de un sistema sanitario y de servicios sociales de calidad», ha señalado.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, con los beneficios que conllevaría esta reorientación de las políticas públicas en la generación de empleo y en los cuidados tanto de personas mayores como de la infancia y la adolescencia, así como en el tratamiento de la salud mental, «agravada por el Covid-19».

Además, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido, en el balance de un año marcado profundamente por la pandemia, a la necesidad de mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, haciéndolos «más humanos». Ha añadido que las personas se han encontrado «con el colapso o mala atención» en los servicios de información o reserva de citas , lo que «ha aumentado la desesperación de la ciudadanía y las demandas de ayudas y asesoramiento ante el Defensor del Pueblo andaluz».

«Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca», ha expuesto el Defensor, que ha sumado la brecha digital, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En definitiva, Maeztu ha señalado que todas las acciones por parte de las administraciones públicas «deben ir encaminadas hacia la igualdad real de toda la ciudadanía», ya que el impacto de la pandemia ha incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía.

«Valga este trabajo para analizar la evolución de aquellos problemas que ya teníamos diagnosticados y los nuevos retos como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en nuestra sociedad, en respuesta a las demandas que nos sigue trasladando la ciudadanía», ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.