Daniel Rivera, el imputado de los 59 juicios que se enfrenta a 250 años de prisión por el caso ERE

La letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acaba de certificar, a instancias de su abogado, que Daniel Alberto Rivera se encuentra como investigado o acusado en un total de 51 causas: 47 diligencias previas y cuatro procedimientos abreviados del caso ERE , el paso previo a la apertura de juicio oral. Fuentes del caso elevan a 59 el número de procesos en los que está inmerso.

Atendiendo a los tiempos de la Justicia, que no destaca por su celeridad y estará más colapsada tras el parón del coronavirus, no resulta descabellado pensar que pueda pasar entre cinco y diez años de su vida entrando y saliendo de una sala de vistas para saldar sus innumerables cuentas pendientes con la Justicia. Sólo los juicios -con una duración media de 15 días, según una estimación prudente-, se prolongarían durante casi dos años y medio.

El historial procesal de Rivera causa asombro por lo inagotable, pero, sobre todo, por lo contradictorio que resulta. En 2017, la Audiencia lo exculpó de la pieza separada del procedimiento específico de las ayudas del caso de los ERE, por el que han sido juzgados y condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán .

El tribunal decretó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra él por el juez Álvaro Martín , al considerar que contribuyó, junto a otros dos ex altos cargos más, «al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales y a empresas». Pero lo que parecía un golpe de suerte o una ventaja se ha convertido en el origen de su infortunio . Rivera se libró de ser sentenciado en la pieza política del caso por la que fueron condenados sus antecesores en el cargo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez , pero, a cambio, le espera una sucesión de juicios. Tantos como ayudas en cuya tramitación o pago intervino durante su etapa como director general, desde abril de 2010 a junio de 2012, cuando cesó tras su primera imputación por la juez Mercedes Alaya .

La Sección Séptima de la Audiencia dictaminó que los ex altos cargos encausados en la pieza política -que engloba todas las ayudas concedidas con cargo al programa de los ERE- no pueden ser enjuiciados por cada una de esas ayudas de manera independiente y aislada. Una doctrina, que no comparten la Fiscalía y las acusaciones de la Junta y el PP, pero que se impuso tras atender las tesis de los abogados Alfonso Martínez del Hoyo y Juan Carlos Alférez, que defienden al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete , respectivamente.

En los múltiples escritos que ha presentado ante el juzgado, su letrado ha pedido que se archiven todas las causas abiertas contra su defendido y que se acabe con lo que califica en sus escritos como una «discriminación procesal» con respecto a los ex altos cargos que sí concedieron las ayudas con un procedimiento sin respaldo legal y que, como mucho, se van a enfrentar a siete años y once meses de prisión.

Rivera envió en junio de 2010 un informe desgranando algunas irregularidades a la juez Alaya, cuando investigaba el ERE de Mercasevilla, donde se halló el primer intruso o falso trabajador . En sus declaraciones, alegó que se había limitado a pagar subvenciones que dieron sus antecesores. El juez José Ignacio Vilaplana , que sustituye a María Núñez Bolaños -de baja médica-, sostiene que su conducta merece un reproche penal. Lo ha procesado en las piezas de Saldauto y Fabricantes de Encimeras para Europa por firmar órdenes de pago «a sabiendas de la ilicitud del procedimiento de concesión» de las ayudas.

Su situación procesal es uno de los efectos de la división de la macrocausa de los ERE en piezas, a lo que siempre se negó la juez Alaya. Sólo mes y medio después de llegar al juzgado, en julio de 2015, María Núñez troceó la causa en piezas, como pedían distintas instancias judiciales, en aras de hacerla más llevadera. Pero esa pretendida agilidad se ha traducido, en el caso de Rivera, en una maratón judicial infinita .