Las cuentas de la Junta para 2018 priman la política asistencial sobre el empleo

Y eso a pesar de que las cuentas públicas de la Junta crecen un 3,9% con respecto a 2017, lo que supone un aumento optimista y una visión positiva de la economía de la comunidad. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero , dibujaba ayer un mapa de crecimiento económico relevante, detallando que en 2018, Andalucía tendrá el PIB (Producto Interior Bruto) más alto de su historia, superando el que registró en el año 2008, previo a la crisis.

Es más, la consejera María Jesús Montero hizo incluso una promesa que parecía salida de otros tiempos: «El presupuesto prevé crear 80.400 nuevos empleos en 2018», una afirmación que sustentaba no sólo en la Oferta Pública de Empleo para el próximo ejercicio (que rondará las 7.000 plazas) sino también en los datos de los últimos años cuando, según el Gobierno andaluz, se han creado 352.000 empleos.

En el dibujo optimista del Ejecutivo de Susana Díaz también se incluyeron otros datos: las empresas de más de 500 trabajadores han subido un 25% en Andalucía; los parques tecnológicos de la comunidad (donde trabajan diez mil personas) facturan casi una cuarta parte del sector en España, mientras que los sectores de mayor proyección económica (como el informático o el de programas) suben cerca de un 40%.

Sin embargo, las políticas de reactivación económica y de inversiones son las que menos crecen en las cuentas públicas, según reconoció la propia María Jesús Montero. Así, las inversiones aumentan sólo un 1,2% con respecto al año pasado, con un total de 3.709 millones de euros, si bien sólo 2.183 millones se van a destinar al crecimiento económico y al empleo, con cerca de ochocientos millones para mejorar la empleabilidad de colectivos especiales y un programa de empleo industrial que tendrá apenas 300 millones de euros.

Una cantidad insuficiente a ojos del Círculo de empresas andaluzas de construcción y obra pública, según decía ayer su presidenta, Ana Chocano: «Son unos presupuestos alejados completamente de las necesidades reales de inversión para trabajar por la recuperación de la obra pública y por la mejora de la competitividad económica y productiva de nuestra región».

En el otro extremo están las políticas de servicios sociales. La consejería de Igualdad es la que más crece de todas las que conforman el Gobierno andaluz y dispondrá de más de dos mil millones de euros, más de la mitad de los cuales irán destinados a la Ley de Dependencia. Uno de los principales proyectos estrella del Ejecutivo de Susana Díaz es la llamada Renta Mínima de Inserción Social, para las que se destinan 198 millones de euros y que está destinada a ayudar a las familias con todos sus miembros en paro .

Sin embargo, todavía está pendiente elaborar el reglamento de aplicación de esta renta mínima, por lo que se desconoce cuáles serán los requisitos para cobrarla, qué cuantía máxima y mínima tendrá y el tiempo durante el que se podrá percibir .

En las cuentas que presenta el Gobierno andaluz, el SAS va a tener el mayor presupuesto de su historia, con más de nueve mil millones que se van a destinar al refuerzo de la atención primaria, un plan de mejora de la accesibilidad para los centros de salud, entre otros programas. En total, las políticas sanitarias copan el 29% de los gastos de la Junta superando los 9.800 millones de euros.

La consejera de Hacienda garantizó ayer que no se va a producir ningún despido en la función pública aunque el Gobierno central solicite la vuelta a la jornada laboral de las 37,5 horas, una decisión que todavía está en suspenso ya que, al cierre de esta edición, no había sido comunicada ni por el Tribunal Constitucional ni por el Gobierno central. Montero también se ha comprometido a que ningún empleado público cobre menos de mil euros mensuales, así como a continuar con su plan de estabilizar la plantilla sanitaria.

Las políticas de Educación también suben con respecto al año anterior. En total, habrá más de 7.500 millones de euros destinados al mayor incremento de la plantilla docente en diez años, a la mejora de las plazas de Educación Infantil y a la bonificación de los créditos universitarios.