Videollamada para quienes luchan contra una adicción en Andalucía en el estado de alarma

Así se recoge en una orden, consultada por Europa Press y firmada por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que surte efectos desde este lunes, 6 de abril, con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs) constituyen, en materia de drogodependencias, el «primer nivel de atención de los problemas derivados por las adicciones» , y se dedican a la «prevención, orientación, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción social, en régimen abierto, de las personas con este tipo de problemas». Se constituyen en recursos de atención primaria y , en caso de ser necesario, derivan a recursos de segundo nivel.

De esta manera, la orden establece una serie de medidas para «facilitar la continuidad de la prestación en los Centros deTratamiento Ambulatorio (CTAs), a personas con adicciones », que estarán en vigor «hasta la finalización del estado de alarma» decretado por el Gobierno central para frenar la expansión del coronavirus Covid-19.

Para ello, la dirección de los CTAs «garantizará la continuidad de las intervenciones de forma no presencial », se utilizará «preferentemente como medio de comunicación con las personas con problemas de drogodependencias y adicciones atendidas en los centros y sus familias, además de la atención telefónica, la videollamada para favorecer el contacto visual , en caso de ser posible».

Las intervenciones grupales , «en caso de realizarse, se harán mediante videoconferencia», determina también la orden, que precisa que la facturación y abono de las prestaciones se realizará «siguiendo el procedimiento establecido en los correspondientes pliegos que rigen la contratación en la forma que se viene realizando en la ejecución del contrato, independientemente de que la atención se haya realizado por medios telemáticos, digitales, telefónicos o presenciales».

La Consejería justifica esta orden «ante la necesidad de garantizar la asistencia a las personas con problemas de drogodependencias y adicciones atendidas» en dichos Centros de Tratamiento Ambulatorios, y «evitar cualquier perjuicio que en la continuidad del tratamiento ya iniciado pudiera ocasionarse, contemplando las garantías de seguridad para la salud tanto de las personas que los prestan como de aquéllas que los reciben, así como minimizar el perjuicio que supondría la interrupción de la prestación que se realiza en dichos centros».