Fernando Faces: «El gasto de las autonomías está sobredimensionado»

¿Qué es Andalucía para usted?

Es tan importante para mí, que la he elegido para vivir y trabajar. Yo tenía una visión romántica y utópica por lo que había leído antes de llegar aquí.

¿Se cumplieron esas expectativas?

Sí. Primero, por el aspecto humano. Me acogieron con cariño. También pude ver el avance tremendo que se produjo a partir de mi llegada en 1972. He visto el crecimiento de mis alumnos y el de Andalucía, con su apertura al mundo que la sacó del ensimismamiento en que vivía.

¿El coste de la autonomía es demasiado caro para los beneficios que conlleva?

En general todas las autonomías tienen un coste excesivo por el exceso de burocracia y por la duplicidad en las prestaciones que se dan a los ciudadanos. Normalmente las autonomías del sur, como la andaluza y la extremeña, están sobredimensionadas, tanto en funcionarios como en empresas públicas.

¿Estamos ante un problema de tamaño?

El problema no es la dimensión en sí, sino la eficiencia, que en el caso andaluz es francamente mejorable. ¿Merece la pena gastar esas cantidades de dinero? Hay que comparar ese gasto con el PIB, que en otras autonomías es más alto.

Además, los andaluces pagamos más impuestos que los demás…

La Junta de Andalucía mantiene el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados de los más altos de España. Esto deriva de las necesidades de financiación que en otras autonomías son más bajas. Hay que financiar los organismos y la estructura del personal, además del grueso de la educación y la sanidad.

¿Quién se beneficia de este impuesto?

La autonomía, que lo recauda y lo administra. Además, no hay posibilidad de fraude, es un impuesto muy controlado por la Junta, que recauda en torno a 276 millones de euros. Tras el decreto que ha aprobado el Gobierno, llegará a los 380 millones. No es mucho dinero, pero es muy seguro a la hora de recaudarlo.

¿Qué hubiera sucedido si se hubiera declarado que el impuesto no tenían que pagarlo los que firmaban las hipotecas?

Pues que la Junta tendría que haber devuelto el dinero recaudado, y luego reclamárselo a los bancos. Habría sido una ruina financiera.

¿Qué impacto han tenido en la economía los fallos del Tribunal Supremo?

Han creado una inseguridad jurídica tremenda. Durante esos días han quedado paralizadas 20.000 hipotecas. Ha habido un populismo financiero que ha provocado confusión en los inversores extranjeros. Este impuesto no existe en Alemania o Reino Unido. En países de nuestro entorno como Italia, Portugal o Francia lo paga quien solicita la hipoteca. Seremos el único país donde lo paga el banco. En lugar de sumarnos a Europa, nos desviamos.

¿Cree que lo justo es beneficiar al ciudadano frente a la banca?

Parece que la justicia solo es democrática cuando va a favor de los ciudadanos. Eso es populismo: no valen las razones jurídicas, sino el sentimiento. Hay que ir por los bancos y los ricos. Esto sitúa a la banca española en desventaja con la del resto de Europa.

¿Quiénes ganan con este decreto que obliga a los bancos a pagar ese impuesto?

Ganan las autonomías, que no tienen que devolver nada. Como lo pagarán los bancos, ganarán más todavía: no habrá reducciones para familias numerosas. Una vez que sean los bancos los que paguen, la tentación será subirlo. También gana el Gobierno, que tendrá que transferir menos dinero a las comunidades y aparece como salvador de los ciudadanos.

¿Y quiénes pierden?

Teóricamente los bancos, pero en una economía de mercado se van a transferir estas pérdidas vía intereses. Una comisión para proteger al ciudadano es un brindis al sol, y eso ya existía. Al final pagaremos intereses más altos en las hipotecas.