Los ex consejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo piden su absolución por el fraude de los ERE

En su escrito de defensa, el abogado de José Antonio Viera se limita a mostrar su «más absoluta disconformidad» con los escritos de acusación formulados por la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones «al no ajustarse el relato fáctico efectuado a la realidad de los hechos».

El abogado de José Antonio Viera, para quien el Ministerio Público solicita ocho años de cárcel y diez de inhabilitación por dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación , sostiene que no puede derivarse «de lo realmente acaecido responsabilidad alguna» para el ex consejero de Empleo.

De su lado, la defensa de Francisco Vallejo, que se enfrenta a la misma pena que Viera, también interesa su libre absolución porque el ex consejero « no tuvo conocimiento de las irregularidades ni incumplimientos que se describen en los escritos de acusación, no habiendo llevado a cabo ninguna conducta ilícita».

En su escrito de defensa, consultado por Europa Press, manifiesta que el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa «no dictó resolución administrativa alguna como viceconsejero de Innovación ni como vicepresidente de IFA/IDEA ni realizó acto de disposición de fondos públicos alguno, irregular, ilegal, arbitrario ni delictivo en relación con el asunto objeto de este proceso».

Asimismo, el ex consejero «no tuvo conciencia de que del uso de las transferencias de financiación se derivarían necesariamente las consecuencias perjudiciales que a las mismas se vinculan por las acusaciones», considerando que «en sí mismas» dichas transferencias «son un instrumento presupuestario inocuo ».

El acusado «en modo alguno buscó como resultado que se soslayara la necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo», sostiene la defensa en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Asimismo, expone que, desde su nombramiento como consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y por tanto presidente no ejecutivo del IFA, la actuación de este organismo «ha estado regulada, prevista y autorizada con toda claridad por las Leyes de Presupuestos de cada año, actuando con arreglo a lo dispuesto en las mismas, realizando los pagos que tales leyes le autorizaban con las transferencias que le habilitaban para recibir de la Consejera de Empleo».

Además, Vallejo «nunca dispuso» de fondos públicos en relación con estas ayudas, «propios del presupuesto de la Consejería de Empleo que era quien disponía de ellos en su presupuesto, era quien aprobaba la ayuda, quien decidía el beneficiario, quien ordenaba el pago y quien hacia el seguimiento de dicho pago, limitándose IFA/IDEA a abonar las cantidades que le ordenaba la citada Consejería a los destinatarios que decidía Empleo, sin tener acceso a los documentos que constituían el expediente de ayuda».

«Nunca tuvo capacidad de decisión ni disposición de fondos alguna», sostiene la defensa de Vallejo.

Para finalizar, dice que «ninguna institución, autoridad, funcionario, órgano o profesional de los que a lo largo de diez años han tenido alguna relación con las ayudas sociolaborales (desde el Parlamento o la Cámara de Cuentas, la Intervención o los letrados del Organismo o de la Junta, las auditorías externas o la Unión Europea hasta el último de los funcionarios) se han inhibido ni han informado negativamente de ninguna actuación que les correspondía por considerarla contraria a la Ley».

A ello se suma que «no han objetado o realizado reproche alguno a ninguna de las decisiones o conductas del IFA/IDEA», concluye el escrito de defensa.