El exinterventor general de la Junta pide su absolución de los ERE porque «alertó» de las irregularidades

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el exinterventor general de la Junta, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel , defiende que su actuación en el ejercicio del control financiero permanente «se tradujo en la elaboración y remisión de numerosos informes» cuyo objetivo era «alertar de las irregularidades» a las autoridades y organismos competentes.

«Es decir, plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas, y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades», subraya el abogado de Manuel Gómez, quien insiste en que «no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley».

A su juicio, del hecho de que conociera por razón de su labor de intervención que había irregularidades en el proceso de concesión de las ayudas «no puede desprenderse que conociera el destino final de los fondos adscritos a las mismas, y mucho menos que hubiera por su parte un ánimo de lucrar a terceros», agregando que la irregularidad administrativa «puede ser causa de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho, pero no necesariamente de la comisión de una infracción penal como prevaricación o malversación».

Al hilo de ello, y en este escrito consultado por Europa Press, el letrado tacha de «incongruente» afirmar, por un lado, que su patrocinado denunció en reiteradas ocasiones y a través de sus informes la irregularidad del sistema establecido y los riesgos que el mismo entrañaba y que, al mismo tiempo, «se le atribuya una suerte de connivencia con los autores materiales de la malversación para que estos consiguieran su ilícito y en ese caso común propósito».

«Carece por completo de sentido que se considere que hubo connivencia con quienes supuestamente dispusieron de forma indebida de caudales públicos , precisamente de la persona que expuso en distintos informes remitidos a los órganos competentes la detección de irregularidades», apostilla el abogado, que asevera que a Manuel Gómez no se le puede imputar «el resultado de la inacción de otros por dejación del ejercicio de competencias que no le eran propias».

Respecto al delito de prevaricación atribuido , el abogado señala que el planteamiento «de un delito difuso y global de prevaricación con multiplicidad de autores sin distinción alguna en función de la actuación de cada uno determinada por la naturaleza de sus respectivas competencias no resiste el más mínimo análisis desde la teoría general del derecho penal».

Según añade, la acusación respecto a Manuel Gómez se realiza «obviando la realidad de que, por razón de la naturaleza de sus competencias, ni dictó ni participó en la adopción de resolución administrativa alguna vinculada a los hechos objeto de imputación, careciendo igualmente de facultad de disposición de fondos públicos que permitan imputarle un delito de malversación».

«Es verdaderamente sorprendente que a quien, en su función de interventor general, alertó de las irregularidades detectadas y emitió el informe esencial para las acusaciones, hasta el punto de que les sirve para deslindar temporalmente el delito de prevaricación , acabe siendo acusado de prevaricación, malversación y asociación ilícita», subraya el abogado, que se pregunta «qué habría ocurrido en caso de no haber emitido dicho informe, habida cuenta de que el mismo no tenía carácter preceptivo ni obligatorio, sino que fue emitido por razones de lealtad institucional, en vista de las deficiencias advertidas».

Volviendo al delito de prevaricación, el letrado asegura que la acusación formulada «no solo resulta absolutamente imprecisa, sino que además incurre en graves incorrecciones técnicas que hacen insostenible la tesis sobre la que se sustenta la imputación», pues «parte de premisas que suponen la confusión, cuando no negación, de conceptos jurídicos básicos».

En este punto, el abogado manifiesta que, respecto de la prevaricación, «habría de precisar qué acto en concreto debió realizar, qué resolución en concreto debió dictar o qué informe vinculante debió emitir» su patrocinado dentro de sus funciones de Intervención «que no hizo pese a venir obligado a ello», pues sin esa concreción «no puede valorarse si hubo una acción u omisión que pueda cumplir indiciariamente con los requisitos del tipo y, evidentemente, resulta diabólico pretender que sea el propio investigado el que alegue y acredite que no había, en todo el ordenamiento jurídico de aplicación, una norma que le obligarse a actuar en el inespecífico sentido pretendido por la acusación».

Por último, y respecto al delito de asociación ilícita que le atribuye el PP-A , asevera que dicha imputación «resulta insostenible tanto por razones procesales vinculadas al necesario respeto de derechos fundamentales, como por razones jurídico-materiales o de fondo», ya que se trata de un delito sobre el que «jamás ha sido interrogado y jamás ha tenido ocasión de defenderse, prestando declaración o proponiendo prueba alguna».

Con independencia de ello, el abogado añade que «la realidad» es que Manuel Gómez «jamás ha formado parte de asociación alguna para delinquir» , ya que «difícilmente puede apreciarse la existencia de una connivencia» del exinterventor general con otros imputados «si se tienen en cuenta las numerosas advertencias que realizó a los órganos superiores de la Junta».