Los problemas sin resolver que tiene la Junta en el inicio del curso escolar en Andalucía

Un escenario que tiene también como factor a tener en cuenta la resistencia numantina de la Consejería que dirige Adelaida de la Calle a aceptar una gran parte de los contenidos de la nueva Ley de Educación estatal, la Lomce, manteniendo sin descanso la estrategia de la confrontación con el Gobierno central. En estos momentos resulta difícil encontrar un apartado educativo en Andalucía que no esté marcado por el conflicto, la protesta o el rechazo.

La implantación del segundo idioma extranjero en Tercero y Quinto de Primaria, fundamentalmente el francés, ha tenido como consecuencia que en el presente curso cientos de profesores interinos que no cuentan con esta especialidad no puedan ser contratados, al producirse, en palabras de la consejera, una «modificación en la estructura del sistema de enseñanza». Los sindicatos calculan que un mínimo de 800 profesionales se van a ver afectados, si bien la consejera reduce esa cifra a la mitad. Los sindicatos denuncian que los maestros de francés, que impartan dos módulos semanales de 45 minutos, tendrán que completar las 30 horas semanales lectivas realizando funciones de tutoría, propias de los maestros y, en consecuencia, tendrán que dar clases de Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Naturales y Plástica. «La Junta quiere hacer un 2x1 con una inversión cero», se lamentan.

Además, se ha puesto de manifiesto la «improvisación» de la medida que, aunque contemplada en la Lomce, se podía haber postergado. De ahí que se interprete que la intención última sea practicar un nuevo recorte en los presupuestos que la Administración andaluza habilita para la contratación del profesorado interino.

El sindicato de profesores APIA ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y otra central sindical, CSIF, también está estudiando la posibilidad, a través de sus servicios jurídicos, de secundar la impugnación. Según las centrales, la Consejería busca aumentar la carga de trabajo de los docentes. El pasado año ya se produjo una protesta al delegarse en los directores la potestad de suprimir horas de reunión de departamentos, guardias, etc. para convertirlas en lectivas sin computar. Ahora, a través de una instrucción, se incrementa en dos grupos más por profesor la ratio de las guardias (pasando de ocho a diez en periodo lectivo y de seis a ocho en el tiempo de recreo). Además, asegura APIA, se pretende que la tutoría electrónica pase al horario irregular (no lectivo) del profesorado. Con ello, indica, «la Consejería busca «sembrar la confusión», ya que este concepto no es exactamente igual que el de la tutoría administrativa. La primera es para la comunicación-atención de los tutores con los padres, y la segunda está destinada a cumplimentar documentación académica del alumnado.

Casi un 40 por ciento de los centros públicos de Infantil y Primaria han optado por reducir el horario de Religión, de forma que 762 colegios de los 2013 de esos niveles imparten módulos de 45 minutos en lugar de la hora y media tradicional, tal y como permite la Lomce. En Tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los alumnos de Religión tendrán una hora menos a la semana . Esta última medida se traduce en una merma en la nómina de los profesores, aunque la Junta no comparte esa opinión. Según el Gobierno andaluz, los docentes tendrán en última instancia más trabajo por el aumento de los alumnos, al ser la Religión en ESOuna materia evaluable. Se trata de un argumento que las centrales no comparten. Francisco Hidalgo, responsable de Educación del sindicato CSIF-A, señala que el sistema educativo andaluz necesita, en lugar de recortes, un aumento de personal porque las plantillas son insuficientes.

En diciembre del pasado año la Consejería de Educación anunció que destinará 10 millones de euros a equipamientos educativos y retirada de «caracolas», en concreto, un total de 80 módulos prefabricados. En total, son 8.700 los escolares andaluces que ocupan 317 instalaciones ubicadas en 178 centros. De hecho, hay niños que han cursado todos sus estudios obligatorios en «caracolas» y nunca han conocido lo que es un aula de ladrillo. La persistencia de estos módulos supone una discriminación para los alumnos afectados.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó a principios del mes de julio la planificación para la eliminación del amianto en las infraestructuras educativas, con un presupuesto de 60 millones de euros y un plazo de ejecución que se prolongará hasta 2022. Según los cálculos de la Consejería de Educación se actuará, siguiendo los criterios de los técnicos, en unos 220 centros. El conflicto del amianto ha estallado especialmente en la provincia de Cádiz, donde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que interpondrá una querella criminal contra el delegado de Educación, Juan Luis Belizón, si el colegio Reggio –en el que se detectó contaminación por amianto– abre este lunes.

La Junta de Andalucía ha buscado constantes excusas para eludir contenidos de la Lomce con los que discrepa. Uno de ellos ha sido el de las pruebas conocidas como reválidas en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Hasta ahora, la Consejería de Educación ha sorteado lo recogido en la Ley estatal por la vía de los hechos consumados en lo que se refiere al primero de los niveles, Sexto de Primaria, negándose lisa y llanamente a realizar la prueba y sustituyéndola por un informe individual de cada alumno verificado por una comisión externa. El Ministerio de Educación, además de dirigir a la Consejería de Educación un requerimiento advirtiéndole de las consecuencias por incumplir la Lomce, amagó con presentar un contencioso-administrativo, un paso que de momento no se ha dado. Por lo que respecta a ESO y Bachillerato, la Consejería de Adelaida de la Calle planea la misma estrategia, la evaluación continua, al tiempo que no descarta la presentación de un recurso contra el decreto que el Ministerio de Educación hizo público el pasado 31 de julio, y en el que se recogen las condiciones en las que deben celebrarse las reválidas. Según la Junta, supone una discriminación para los alumnos que no superen las pruebas, al tener que optar obligatoriamente como alternativa por la Formación Profesional. La impugnación se sumaría a la que ya presentó el Ejecutivo que preside Susana Díaz contra el decreto de Primaria, y que aún no se ha resuelto por parte de los tribunales. En cualquier caso, no hay que olvidar que la Lomce, en concreto su posible paralización, ha formado parte de los acuerdos suscritos entre el Partido Popular y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Se trata, por tanto, de una norma de incierto futuro.

La Junta no tiene previsto renovar este año los libros de texto de Segundo y Cuarto de ESO, por lo que se mantendrá el mismo material de hace ocho o nueve años, pese a la entrada en vigor de la Lomce. El recorte en cheque-libros será, no obstante, limitado. Según informaron a ABC fuentes del departamento que dirige Adelaida de la Calle, sí habrá una «reposición» de aquellos textos que afectan a las materias opcionales que se incorporan este año a consecuencia de la nueva ley educativa. En concreto, se repondrán libros de Economía, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional o Iniciación a la Actividad Emprendedora.