Las claves del archivo de los cursos de formación

La juez María Núñez Bolaños enmienda al PP, que ha pedido, con tanta insistencia como escasa fortuna, investigar a 38 empresas vinculadas a excargos de la Junta, del PSOE o familiares o amigos de éstos que recibieron 48,39 millones de euros. «Que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE no resulta significativo», contesta la magistrada.

Con su auto ajusta ciertas cuentas pendientes con el PP, que ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial cuestionando su imparcialidad y presentó un recurso sin resolver aún por la Audiencia. La juez responde a su petición que «carece del más mínimo rigor» que se investigue a los exdirigentes o excargos beneficiarios de fondos «al no realizarse una muestra de control para valorar cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el PP-A, o a otros sectores sociales, que recibieron también subvenciones para la formación».

El carpetazo libera de responsabilidad penal a tres exconsejeros que tuvieron competencias en materia de Empleo desde 2004 hasta 2013 Antonio Fernández —que continúa investigado por las ayudas de Delphi—, Manuel Recio y Antonio Ávila . Junto a ellos, tras este auto podrán respirar aliviados cuatro exdirectores generales, ocho exdelegados provinciales y varios exjefes de servicio que fueron detenidos en marzo de 2015 dentro de una operación, denominada Barrado, desplegada por la Guardia Civil, que abrió los informativos nacionales. El archivo no afecta a otras piezas que se desgajaron de la macrocausa.

Coincidiendo con el fiscal Fernando Soto, Núñez sostiene que los exconsejeros firmaron resoluciones de exoneración o de exceptuación «para resolver el problema del retraso en la comprobación de las subvenciones, impidiendo así que se paralizaran las políticas activas de empleo que son los cursos». Bajo esta premisa, deduce que «no prevaricaricaron»: «La tesis de que la Administración dolosamente haya dejado de emplear controles o los haya soslayado es difícil de sostener».

La juez también sintoniza con el Gobierno andaluz al dudar de la investigación hecha por la Guardia Civil: «No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están, el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación , el menoscabo de fondos públicos tampoco». «Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado [...] cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica e Intervención Mínima del Derecho Penal» , concluye.